Unos 60 presos del estado Lara (oeste) en Venezuela se unieron este miércoles a la huelga de hambre que comenzaron el lunes otros 48 reos, en protesta contra el «hacinamiento» y el «retardo procesal», informó la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
A través de X, el OVP explicó que los 60 presos -recluidos en los calabozos de una sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC)- reclaman un «plan de abordaje o traslados a recintos penitenciarios», como exigen los que iniciaron la huelga, según detalló la ONG, que agregó que los reclusos «se niegan a consumir alimentos hasta obtener respuestas concretas».
Humberto Prado, director del OVP, dijo a EFE que desde la ONG estiman que, de unos 23.000 presos en calabozos policiales, alrededor del 85 % están en retardo procesal.
Esto se debe -aseguró- a la «falta de alguna partes en el juicio, a la falta de que se presenten testigos», entre otras, lo que hace que el caso se difiera.
«El problema es el Estado. Si no está el fiscal, no hay quien acuse; si no está el abogado público, no hay quien defienda; si no hay juez no hay quien sentencie», sostuvo.
Medida extrema
El OVP afirmó que los presos se pusieron en huelga como una «medida extrema» que refleja «desesperación ante condiciones carcelarias inhumanas, además de ejercer una presión sobre las autoridades para responder a sus demandas».
Asimismo, alertó sobre las «consecuencias graves y progresivas para la salud» de una huelga de hambre, ya que «puede provocar pérdida de peso acelerada, deshidratación y deterioro de funciones vitales».
La ONG exigió a la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo atender de «manera urgente» la «crítica situación», de la que el observatorio ha informado al Sistema Interamericano y Universal de los Derechos Humanos, con el objetivo de «visibilizar las violaciones que sufren los internos y de presionar para que se tomen medidas concretas».
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