Un total de 24 organizaciones no gubernamentales venezolanas advirtieron este miércoles que la propuesta de reforma a la Ley Contra el Odio «no ofrece una respuesta integral a las víctimas», al tiempo que omite la liberación de los presos políticos y el cierre de sus expedientes judiciales.
En un comunicado conjunto firmado por ONG como Provea y Espacio Público, los colectivos denunciaron que la reforma mantiene medidas severas que imponen limitaciones arbitrarias a la libertad de expresión.
Asimismo, señalaron la persistencia de «conceptos imprecisos» como el hostigamiento, definido vagamente en función del «temor, angustia o zozobra» que pueda generar una conducta.
«Esta amplitud abre espacio a interpretaciones arbitrarias y permitiría castigar la crítica, el disenso o la difusión de información de interés público», alertaron. Por ello, exigieron la derogación total de la norma, calificándola como un instrumento que, desde su promulgación, vulnera las libertades fundamentales y las garantías del debido proceso.
El pronunciamiento se produce un día después de que la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, aprobara en primera discusión el proyecto de reforma solicitado en septiembre por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
De acuerdo con el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, el proyecto —que requiere una segunda discusión para su aprobación definitiva— busca sustituir las penas de prisión por multas y trabajo comunitario, fijar sanciones administrativas a los medios eliminando la revocación de concesiones, regular contenidos en redes sociales y comprometer a las organizaciones políticas con la convivencia democrática.
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