Según un reciente informe de la ONG VE Sin Filtro, el sistema tecnológico de seguridad ciudadana en Venezuela ha sido transformado en una infraestructura de control político.
El documento detalla hallazgos clave sobre la intercepción de telecomunicaciones, el uso de videovigilancia, drones, ciberataques y aplicaciones estatales para restringir el espacio cívico.
Vigilancia multidimensional y control social
La investigación, que abarca el periodo entre octubre de 2023 y enero de 2026 —etapa posterior a la captura de Nicolás Maduro y bajo la administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez—, advierte sobre una convergencia peligrosa de herramientas.
La combinación de videovigilancia, ciberpatrullaje y la inspección de dispositivos móviles sin orden judicial en controles viales ha creado un entorno de persecución sistemática.
«La convergencia de estas tecnologías crea una severa restricción del espacio cívico», señala la ONG, resaltando la vulnerabilidad de los ciudadanos ante la vigilancia en grupos de mensajería y registros policiales arbitrarios.
Capacidades técnicas y proveedores
El análisis identifica capacidades técnicas y proveedores, destacando que se estima que las tecnologías de vigilancia han costado más de mil millones de dólares.
Por su parte, la intercepción de telecomunicaciones es el componente más intrusivo. Citando datos de Telefónica España, el informe señala que se han afectado más de 1,5 millones de líneas móviles mediante 205.800 órdenes de intercepción.
A pesar de las sanciones internacionales, proveedores como Dahua y Hikvision dominan el suministro de cámaras.
Bajo la gestión del ministro de Interior, Diosdado Cabello, la instalación de cámaras aumentó exponencialmente en 2025. Actualmente, operan unas 7.000 unidades, con mayor concentración en Caracas y Trujillo.
Asimismo, indicó que uno de los puntos más alarmantes es el uso de reconocimiento facial avanzado y detección de matrículas.
VE Sin Filtro advierte que estas herramientas se utilizan para identificar y perseguir a ciudadanos en contextos de protesta o crisis política, facilitando detenciones arbitrarias mediante el rastreo tecnológico de quienes ejercen su derecho a la manifestación.
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