Ciudadanos de origen asiático adquirieron el inmueble donde funcionaba el antiguo centro nocturno La Colmena para instalar un criadero que alberga aproximadamente 300 cerdos y una importante cantidad de aves de corral. La propiedad, cuya entrada principal se ubica por la avenida Dalla Costa y cuenta con salida hacia la antigua calle Dalla Costa, colinda directamente con las comunidades Andrés Eloy Blanco y Clorindo Manuel Parellys, en la parroquia Simón Bolívar, a un lado de las parcelas de El Roble.
Esta actividad agropecuaria en plena zona urbana ha generado un foco de insalubridad recurrente que afecta tanto a los residentes de ambos sectores como a los comerciantes locales. Los afectados señalan que la fetidez constante y la acumulación de desechos provocan afecciones respiratorias y malestares generales, siendo los niños y adultos mayores la población más vulnerable.
Vertido de aguas servidas e inacción institucional
La problemática se agrava por el flujo ininterrumpido de aguas residuales contaminadas que salen desde el interior de la propiedad y corren a lo largo de la calle. El derramamiento deja a su paso olores putrefactos que penetran en las viviendas, impidiendo que las familias puedan permanecer en el interior de sus hogares, especialmente durante las horas del mediodía cuando las altas temperaturas intensifican la fetidez.
A pesar de que las comunidades han presentado denuncias por escrito ante la Dirección de Sanidad, la Alcaldía de Caroní, organismos policiales y los consejos comunales de la zona, los habitantes manifiestan que las autoridades y los dueños del establecimiento han hecho caso omiso a sus reclamos.
Llamado a la inspección y clausura del recinto
Vecinos del sector que prefirieron resguardar su identidad señalaron que las denuncias formales no han derivado en medidas correctivas ni en la paralización de las actividades en el lugar.
Ante el deterioro progresivo de las condiciones de habitabilidad, los residentes de Andrés Eloy Blanco y Clorindo Manuel Parellys reiteran su llamado a las autoridades sanitarias y municipales para que realicen una inspección técnica e impartan la clausura definitiva del espacio, con el fin de resguardar la salud y el bienestar de la población.
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