San Félix.-Un grupo de vecinos del sector 25 de Marzo, parroquia 11 de Abril, manifestó su descontento con respecto a la detención de cuatro personas por mala praxis de la Dirección de Investigación Penal de la Policía del estado Bolívar.

Familiares de Mari Planchat, José Bolívar y Evelín González, denunciaron el atropello policial ante la fiscalía de los Derechos Fundamentales y solicitan al fiscal del Ministerio Público que imputó a las cuatro personas por diversos delitos que investigue como ocurrieron los hechos.

Las dos mujeres y dos hombres fueron privados de libertad por solicitó del Ministerio Público al tribunal de la causa; sin embargo, vecinos y comunidades consideraron la decisión injusta e inhumana.

Piden que reconsideren la decisión, ellos explicaron que los ciudadanos procesados no tienen nada que ver con la venta de gasoil.

“Los litros de gasoil que se llevaron corresponden al camión de plataforma que utiliza el dueño de una empresa ferretera para trasladarse a la zona sur del estado Bolívar”, acotó hermana de una de las detenidas.

Abuso de autoridad y extorsión

Testigos de lo ocurrido en la calle Rabat, creen que se trató de un procedimiento ilegal el allanamiento a la vivienda. Los policías llegaron en cuatro patrullas con la excusa que venían persiguiendo a un sujeto, situación que no era cierta.

Cuando ingresaron de manera ilegal a la vivienda, acosaron a un niño de 11 años para que se metiera por una ventana a buscar la llave de la casa, “de esa manera irrumpen en el interior del domicilio, amenazando y apuntando con sus armas de fuego a menores que se encontraban en el domicilio”, apuntó uno de los presentes.

Dicen que actuaciones de la Dirección de Investigación Penal de la Policía del estado Bolívar, fue premeditada y con alevosía porque al parecer se negaron a pagar extorsión.

Solicitaron al secretario de seguridad ciudadana, general de brigada, Edgar Colina que le ponga el ojo a este grupo de funcionarios, “son uniformados que se esconden detrás de una chapa para atropellar, violar los derechos humanos y sembrar evidencias para incriminar a ciudadanos honestos”, expresó una de las víctimas atropelladas.

Vecinos afectados

Según, funcionarios de la DIPEB, buscaban al dueño de los camiones, Denny González, “entonces no venían persiguiendo a nadie, solo quería ingresar de manera ilegal a la casa y eso fue lo que hicieron”, acusó uno de los trabajadores del comerciante.

Explicaron que González, tiene 9 años trabajando de manera honesta, registró la empresa Ferreagro La Salvación y traslada material ferretero a El Dorado, en dicha ferretería trabaja un grupo de vecinos del sector y obtiene de esta manera el sustento de sus hijos.

También, manifestaron que los funcionarios de la DIPEB, involucraron a José Gregorio Bolívar, en este suceso para justificar de esta manera el mal procedimiento policial y abuso de autoridad.

Lugareños, afirman que las autoridades del gobierno saben y conocen en donde están los principales puntos de contrabando de combustible pero se hacen de la vista gorda, hablaron del sector Acapulco, antiguo muelle de ferrys y chalanas, cerca del mercado municipal, igual en diferentes sectores de Cambalache y comunidades indígenas.

Exclamaron que son miles de litros de combustible que contrabandean por el canal del río Orinoco. Ellos, exhortaron al fiscal nacional de la República de Venezuela, Tarek William Saab, para que le ponga la lupa a estas detenciones arbitrarias, por otro lado, alertaron al ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, sobre estos lugares que utilizan para contrabandear combustible.

Advirtieron que continuarán denunciando las malas actuaciones de la DIPEB, igualmente, se organizan para otras protestas y toma de la fiscalía por la privación injusta de las personas antes mencionadas.

Bladimir Martínez Ladera
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