Más de 800 personas han firmado hasta este domingo un documento para exigir la liberación de la activista de derechos humanos Martha Grajales, informó la ONG venezolana SurGentes, que asegura desconocer el paradero de su cofundadora tras su detención el pasado viernes en Caracas.

Entre los firmantes, subrayó la organización, están el argentino Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz 1980), Michael Löwy (sociólogo y filósofo franco-brasileño), Alba Carosio (feminista venezolana) y Claudia Korol (educadora popular feminista argentina), así como cientos de intelectuales, activistas y defensores de derechos humanos de otros países como España, Colombia y Nicaragua.

Además, indicó, se sumaron organizaciones como las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora (Argentina) y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (Ecuador).

Entretanto, el esposo de Grajales, Antonio González, informó que, junto al abogado Marino Alvarado, de la ONG venezolana Provea, visitó este domingo cinco centros policiales de reclusión en Caracas y en todos, aseguró, «han negado» la presencia de la activista.

Provea

En un video publicado por Provea en X, González alertó que la situación de Grajales «sigue siendo de desaparición», por lo que hizo un llamado a las autoridades a que informen sobre el paradero de su esposa y las razones de su detención, que le permitan comunicarse con sus familiares y nombrar a abogados de confianza.

Según Provea, tribunales penales de Venezuela se negaron a recibir el sábado un recurso de habeas corpus para conocer el paradero de la activista, quien fue detenida por presuntos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana.

De acuerdo a SurGentes, el arresto se produjo luego de que su cofundadora participara en una actividad en solidaridad a la agresión que sufrieron, el pasado martes, familiares de presos políticos en manos de un grupo de civiles, quienes llegaron en motocicletas «portando armas y objetos contundentes», según la ONG, a las afueras del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), donde se realizaba una vigilia pacífica.

Grajales es una «activista social chavista, que trabaja con comunidades en diferentes territorios de Caracas, especialmente en la parroquia San Agustín», subrayó SurGentes.

ONG denuncia que Justicia venezolana niega recepción de habeas corpus para activista presa

Provea denunció que tribunales penales de Venezuela se negaron a recibir un recurso de habeas corpus para conocer el paradero de la activista Martha Grajales, a quien denuncia como detenida desde el viernes, dijo este domingo a EFE el abogado de la organización Marino Alvarado.

«Se negaron a recibirlo (el recurso). Más de siete horas esperando y los funcionarios nos dijeron que estaban consultando si lo podían recibir», indicó Alvarado, en referencia a lo ocurrido este sábado, cuando él y el esposo de Grajales, Antonio González, acudieron al Palacio de Justicia en Caracas.

El abogado anticipó que este lunes acudirá a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para tratar de introducir el recurso y así conocer el paradero de Grajales, cuyo sitio de reclusión, según varias ONG, es desconocido.

Sobre el habeas corpus, explicó que está regulado en la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal y es «una acción judicial para indagar por qué una persona fue detenida, dónde se encuentra y en qué condiciones».

«Está muy asociado a situaciones de desaparición forzada cuando las autoridades no han informado dónde tienen detenida a la persona ni informado los motivos de la detención», añadió Alvarado.

Este sábado, Provea subrayó que «la recepción y admisión de la acción de habeas corpus no es un acto discrecional, es un derecho consagrado en el artículo 27 de la Constitución nacional y en los artículos 2, 3 y 4 de la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal».

En ese sentido, agregó, las autoridades judiciales «están en la obligación» de cumplir lo establecido en la Constitución y la ley y «garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva».

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