En Latinoamérica, la discusión en torno al aborto legal ha tomado diversos matices, en un debate que va de frío a caliente; y, de modo particular, en Venezuela la discusión se halla asentada en una agenda postergada por el Ejecutivo Nacional, remitida al entorno de las redes sociales y limitada a espacios de activismo.
Bajo tal panorama, organizaciones feministas venezolanas, condensadas en la plataforma «Ruta Verde», que promueve un proyecto de Ley Orgánica de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivo, convocaron a una marcha para exigir la garantía del «derecho al aborto legar y seguro» en el país.
La movilización fue pautada para el miércoles 28 de septiembre en Caracas; se concentrará en la Plaza Morelos, Bellas Artes, desde donde partirá a las 9:00 am hasta llegar a la esquina La Ceiba, frente al Palacio Federal Legislativo.
Las activistas marcharán con la consigna «¡Por el aborto legal, seguro y acompañado!», que pretende exigir la derogación de los artículos del Código Penal que contemplan la «criminalización del derecho al aborto en Venezuela».
Código Penal
Como dato orientativo, el Código Penal Venezolano priva el acceso al aborto en sus artículos 430, 431, 432 y 433, un articulado que data de 1915 y, pese a las reformas que ha sufrido el instrumento jurídico, no ha sido revisado.
Es decir, el aborto es ilegal en Venezuela, salvo cuando esté en riesgo la vida de la gestante, y entre las sanciones se registran penas de prisión, de seis meses a dos años, para aquellas que decidan interrumpir su embarazo; y de 12 a 30 meses de prisión para quienes las ayuden o realicen la práctica con el consentimiento de ellas.
Cabe mencionar que, según un estudio realizado por la Asociación Venezolana para la Educación Sexual Alternativa (Avesa), en 2018, las sanciones por la interrupción embarazo son menores a las establecidas para los delitos de violencia sexual.
Sin embargo, los casos de violaciones no suelen llegar a juicio o reciben sobreseimiento (suspensión de un proceso por falta de causas).
En tal sentido, de acuerdo a las cifras no oficiales compartidas por la organización no gubernamental feminista venezolana, dedicada a la educación, investigación, atención psicológica e incidencia política en materia de los derechos sexuales y derechos reproductivos, se presenta una impunidad de más del 90 % respecto a casos de violencia contra las mujeres en Venezuela.
Marea verde
La movilización coincidirá con el Día de la Acción Global por la despenalización y legalización del aborto, conmemorado cada 28 de septiembre, símbolo del movimiento feminista que exige, entre otros derechos y políticas, la garantías en torno a la salud sexual y reproductiva de las «personas menstruantes».
La fecha fue proclamada en 1990, en el marco del V Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe, en San Bernardo, Argentina.
La prioridad, de manera particular, durante la conmemoración suele ser visibilizar las cuestiones relacionadas con el acceso al aborto seguro y legal, esencia del derecho fundamental de las «personas menstruantes» a la igualdad, privacidad, y salud física y mental, consideradas condiciones previas para el disfrute de otros derechos.
Y es que, según las cifras más recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 25 millones de abortos inseguros ocurren durante el año a nivel global; en Venezuela, se constituyen como la tercera causa de muerte materna.
«Criminalización», reducción de la disponibilidad de servicios, estigmatización y actitudes despectivas de profesionales de la salud son factores que impulsan a millones de mujeres a realizarse abortos inseguros y la razón por que la plataforma «Ruta Verde», junto con grupos feministas de todo el país buscan convertir en ley la interrupción segura del embarazo temprano.
De hecho, el Proyecto de Ley Orgánica sobre Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de «Ruta Verde» consta de 18 artículos y seis capítulos, donde destaca una disposición derogatoria de los cuatro artículos del Código Penal Venezolano que criminalizan el derecho al aborto en el país.
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