Caracas.- «Cuarentena disciplinada, voluntaria y consciente». Son las palabras que repite en cada comparecencia el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y mientras, efectivos de los cuerpos de seguridad o empleados públicos recorren las calles en vehículos oficiales, megáfono en mano, para recordar la «obligación» decretada por el Gobierno de no salir de casa, salvo excepciones que contempla la normativa.
Ir a comprar comida o medicinas, y a trabajar, siempre que se cuente con un salvoconducto o justificación que respalde la salida, que debe estar avalada por la naturaleza del puesto laboral a desempeñar: personal sanitario, empleados de supermercados o tiendas de alimentos.
El 16 de marzo, fecha en la que comenzó la cuarentena, fueron varios los establecimientos de diversos sectores que abrieron sus puertas al público, pero se vieron obligados a cerrar al recibir la visita de varios agentes policiales ordenando el cese inmediato de su actividad y el cierre.
La voluntariedad de la que habla Maduro también despistó a varios grupos de personas que, haciendo uso de la reiterada libertad que predica el presidente -supuestamente solo regulada por la responsabilidad individual-, organizaron fiestas privadas, que también fueron abortadas al incumplir con la orden.
Un mes después del comienzo de la cuarentena, el mandatario continúa con la misma premisa: «cuarentena disciplinada, voluntaria y consciente», pero los miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) siguen ejerciendo el control social en cada rincón del país.
¿QUIÉN ENGAÑA A LA POBLACIÓN?
Las FAES por un lado y Maduro por otro. A los venezolanos les resulta difícil entender la contradicción, puesto que este comando depende directamente de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), adscrita al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, institución gubernamental y por tanto, comandada por presidente al más alto nivel.
El mandatario se muestra «orgulloso» de los ciudadanos por la «responsabilidad» de la que hacen gala frente a la pandemia, al quedarse recluidos en sus casas de manera voluntaria y dando «ejemplo al resto del mundo».
Esta premisa salta en pedazos en determinadas zonas del país, y solo el uso de mascarillas marca la diferencia respecto a cualquier jornada previa al decreto de cuarentena: calles y locales atestados de gente, donde es materialmente imposible mantener la distancia de seguridad de un metro y medio entre personas, como recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Pero el gentío se dispersa cuando llegan las FAES u otros efectivos gubernamentales, quienes, con tono autoritario, ordenan dispersarse y volver a casa. Silencio. Nadie se atreve a rechistar ni contradecir a los funcionarios, pese a que el presidente dice todo lo contrario.
Y los ciudadanos vuelven a sus hogares sin rechistar, en su cabeza martillean las palabras que, tan solo unas horas antes, escucharon a Maduro: «Cuarentena disciplinada, voluntaria y consciente».
CONFUSIÓN Y DETENCIONES
Tras un mes de confinamiento, todo el mundo sabe que no hay opción de elegir, que el quedarse en casa es una orden y su incumplimiento puede tener serias consecuencias.
Al comienzo de la etapa de cuarentena, se produjeron varias detenciones -que tuvieron gran repercusión pública- por incumplir el mandato presidencial o por entender, tal y como dijo Maduro desde el primer momento, que era voluntario.
Es el caso de un grupo de 18 personas que celebraban una fiesta en un apartamento de una exclusiva zona de la capital, donde fueron detenidos después de que la Policía recibiera el aviso de que en el lugar se estaba incumpliendo con la orden de Maduro.
«18 personas violaron la cuarentena social para celebrar una fiesta en Altamira, urbanización que pertenece al estado Miranda, el estado con más casos de coronavirus reportados en toda Venezuela. 2 de los 18 resultaron positivo para COVID-19 al hacerles las pruebas diagnósticas». Así lo publicó en su cuenta de Twitter el grupo de investigación Misión Verdad, respaldado por el chavismo.
CONTROL SOCIAL
El control a la sociedad venezolana para el cumplimiento de la cuarentena se prolonga tanto como los tentáculos del Gobierno hasta el último rincón de las comunidades.
Miembros de los consejos comunales creados por el chavismo hacen entrega de un «pase de movilidad» a las familias para que lo usen en caso de tener que salir de sus hogares, de tal modo que nadie se escapa del control establecido en el marco del confinamiento.
Los consejos comunales están formados por miembros designados para controlar el censo de habitantes, con la idea inicial de repartir de manera equitativa los bonos que entrega el Gobierno a las familias más desfavorecidas, el reparto de las conocidas como cajas CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción), que contienen alimentos subvencionados, u otros beneficios que otorga el chavismo.
No obstante, en época de pandemia, sus funciones se han ampliado, hasta el punto de vigilar quien sale de su casa con el permiso que le otorga ese papel que deja claro quien manda.
«Pase de Movilidad», «Eje del Gobierno Popular» y «Plan Especial de Control de la Movilidad». Con esas palabras recogidas en una pequeña tarjeta, los consejos comunales deciden quién puede salir de su casa y quién no.
Y mientras tanto, Maduro insiste: «Cuarentena disciplinada, voluntaria y consciente».
Sabela Bello EFE
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