En un giro significativo hacia la apertura económica, la Asamblea Nacional (AN) aprobó por unanimidad este jueves la nueva Ley de Minas. El instrumento legal, compuesto por 131 artículos, deroga la normativa vigente desde 1999 y tiene como objetivo central facilitar la entrada de inversión privada y extranjera, especialmente ante el creciente interés de empresas de Estados Unidos en el oro nacional.
La legislación fue impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tras las negociaciones sostenidas con el secretario de Interior de EE. UU., Doug Burgum. Dicho acercamiento ya rindió sus primeros frutos con la emisión de una licencia del Departamento del Tesoro que autoriza a compañías estadounidenses a participar en la explotación y comercialización del mineral aurífero.
Incentivos y resolución de conflictos
Uno de los cambios más profundos de esta ley es la inclusión de mecanismos de mediación y arbitraje para la resolución de conflictos, una garantía jurídica exigida por los mercados internacionales. Asimismo, se establece un esquema de regalías de hasta el 13 % sobre la producción bruta del mineral, el cual podrá ser recaudado por el Estado en dinero o en especie.
Por su parte, el Banco Central de Venezuela (BCV) conservará el derecho preferente para la compra del oro obtenido en territorio nacional, asegurando el fortalecimiento de las reservas internacionales.
Restricciones éticas y protección ambiental
Para prevenir conflictos de interés, el artículo 74 estipula que ningún funcionario público ni sus familiares podrán poseer títulos mineros ni ser accionistas de empresas del sector sino hasta cinco años después de haber cesado en sus funciones.
En materia ambiental, la ley endurece las sanciones para las actividades extractivas en áreas protegidas. El artículo 124 establece penas de 10 a 15 años de prisión para quienes realicen minería en zonas bajo régimen de administración especial.
Minerales estratégicos y seguridad nacional
Pese a la apertura general, el Estado se reserva, por razones de interés público, el control absoluto sobre la minería de minerales radiactivos, incluyendo su beneficio y comercialización.
Esta reforma legislativa marca el fin de la era de la Ley de Minas decretada por Hugo Chávez en 1999, buscando adaptar la industria extractiva venezolana a los estándares de competitividad exigidos por los nuevos socios comerciales en el actual contexto de transición política.
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