El Gobierno de Estados Unidos formalizó la implementación permanente del programa de fianzas migratorias dirigido a solicitantes de visas de turismo y negocios (B1/B2) procedentes de 50 países, entre los cuales se encuentra Venezuela.
La disposición, oficializada este lunes 3 de agosto, consolida la prueba piloto iniciada el año pasado por la administración del presidente Donald Trump y mantiene abierta la posibilidad de incorporar a nuevas naciones en el futuro.
La iniciativa, impulsada por el Departamento de Estado, tiene como objetivo central desincentivar y reducir los casos de permanencia indocumentada en territorio estadounidense una vez expirado el tiempo de estadía autorizado.
Esquema financiero y monto de las fianzas
Aunque el monto de referencia estándar se fijó en 15.000 dólares, las autoridades consulares estadounidenses poseen la potestad discrecional de establecer depósitos de 5.000, 10.000 o hasta 20.000 dólares, en función del perfil socioeconómico y el riesgo individual de cada solicitante.
El mecanismo contempla la devolución íntegra del dinero en dos escenarios: si la solicitud de visado es denegada o si el beneficiario cumple rigurosamente con los lapsos estipulados y abandona el país dentro del período permitido.
Países alcanzados y alcance geográfico
El listado abarca a 50 naciones distribuidas globalmente:
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América Latina y el Caribe (6): Antigua y Barbuda, Cuba, Dominica, Granada, Nicaragua y Venezuela.
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África (30): Diversas naciones del continente africano.
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Asia y Oceanía (14): Entre ellas Bangladesh, Camboya, Georgia, Mongolia, Nepal y Papúa Nueva Guinea.
Balance oficial e impacto estadístico
Según datos difundidos por el Departamento de Estado, durante el año 2024 cerca de 45.500 ciudadanos pertenecientes a los países incluidos incurrieron en exceso de permanencia (overstay). En contraste, las autoridades destacaron la efectividad del control financiero, precisando que en los primeros diez meses de la fase piloto se registraron menos de 50 infracciones entre los viajeros que efectivamente constituyeron la fianza.
Sin embargo, el requerimiento ha generado un drástico efecto disuasorio: casi la mitad de los solicitantes elegibles prefirió no efectuar el pago de la fianza exigida, lo que derivó en un desplome del 83 % en la concesión total de visas B1/B2 para los ciudadanos de las naciones sujetas a este régimen.
Reacciones y cuestionamientos
La medida ha sido objeto de severas críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes y analistas en materia de política internacional. Los detractores argumentan que la exigencia de sumas de hasta cinco cifras constituye una barrera económica desmedida e inalcanzable para la mayoría de los ciudadanos en países en desarrollo, limitando drásticamente los viajes legítimos por razones familiares, académicas, médicas o de negocios.
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