El Comité de Derechos Humanos del partido político Vente Venezuela (VV), liderado por María Corina Machado, denunció este lunes la muerte del activista Reinaldo Araujo en el estado Trujillo (oeste), quien había sido detenido el pasado 9 de enero.
«Su esposa denunció en días pasados su situación de salud y exigió atención médica para él, pero no le fue permitida», señaló VV en una publicación en X.
La formación expresó su solidaridad con los familiares de Araujo y pidió a la comunidad internacional «actuar inmediatamente ante los criminales de lesa humanidad que hoy se aferran al poder y que condenan a cientos de venezolanos a la muerte».
No se suministraron detalles sobre el lugar de detención del activista, quien fue identificado como dirigente de ese partido en la parroquia Juan Ignacio Montilla, del municipio de Valera.
Por su parte, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos condenó la muerte de Araujo que, dijo, fue «detenido arbitrariamente» el pasado 9 de enero y «mantenido en condiciones inhumanas».
Negación de asistencia
«Esta muerte bajo custodia del Estado es una prueba más de cómo se utiliza la tortura, la negación de asistencia médica y el encarcelamiento arbitrario contra la disidencia política», afirmó.
La organización exigió a las autoridades venezolanas garantizar el derecho a la vida de todos los políticos, activistas y ciudadanos detenidos tras la crisis postelectoral en el país.
En diciembre pasado, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó de la muerte bajo custodia del Estado de Osgual González Pérez, uno de los cientos de detenido en el contexto de las protestas contra el resultado oficial de los comicios presidenciales del 28 de julio, en los que el ente electoral proclamó a Nicolás Maduro como el ganador.
El OVP explicó en ese momento, en X, que González Pérez, detenido el 1 de agosto, presentó «síntomas de depresión» y en diciembre fue hospitalizado por un «fuerte dolor abdominal», que en el penal indicaron «se trató de un cólico nefrítico, pero todo parecía indicar que se trataba de una hepatitis».
La organización pidió entonces una «investigación exhaustiva, imparcial e inmediata» sobre las muertes de detenidos, al tiempo que recordó que «la vida de las personas en custodia son responsabilidad del Estado venezolano».
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