El Comité de Derechos Humanos del partido político Vente Venezuela (VV), liderado por María Corina Machado, denunció este sábado que los considerados «presos políticos» que están recluidos en una cárcel del norte del país reciben mala alimentación por lo que, sostuvo, han bajado de peso.
«Presos políticos en Tocorón (en el estado Aragua) no están recibiendo comida adecuada. Las porciones que les permitían han disminuido, por lo que están bajando considerablemente de peso», sostuvo la formación en una publicación en X.
Asimismo, dijo que esta situación ha provocado «complicaciones en su salud», sin ofrecer mayores detalles, y «a quienes padecen patologías, los está afectando considerablemente».
«Alertamos a la comunidad internacional de esta situación que compromete aún más su integridad física y su vida», añadió.
El viernes, Machado pidió el «traslado de urgencia» a un centro de salud para un preso de 34 años de edad, detenido tras las presidenciales del 28 de julio, quien presenta -según la exdiputada- «abscesos en el rostro» que le han causado «deformaciones y fiebre».
A través de X, Machado detalló que el hombre, taxista de profesión, se encuentra preso en la cárcel de Tocorón, donde «lo han amenazado y golpeado».
Por su parte, la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia señaló que el apresado requiere ser trasladado de «manera urgente» a un centro de salud, ya que padece «un cuadro infeccioso que le ha provocado abscesos en la cara y fiebre».
«La familia (…) clama por su vida y le pide al Gobierno le conceda atención médica especializada (…). Expresamos nuestra preocupación por este caso y nos sumamos a la solicitud de la familia», manifestó la organización en X.
Este sábado, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) instó al Estado a liberar «sin restricciones» a todos los considerados «presos políticos», detenidos en el contexto de protestas contra el resultado oficial de los comicios presidenciales del 28 de julio.
«A todos se les negó el derecho de juramentar un abogado de confianza y algunos ni siquiera se encuentran privados de libertad en la jurisdicción en la que supuestamente cometieron el delito», sostuvo la ONG en X.
El OVP indicó que los familiares de estos detenidos «sufren con sus seres queridos tras las rejas», al tiempo que dijo que no cuentan con dinero suficiente para trasladarse de un estado a otro para visitarlos en la cárcel, así como «tampoco para comprar los alimentos que les permiten llevarles».
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