El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV) exigió este jueves que su líder, María Corina Machado, pueda regresar al país sin la inhabilitación política que pende sobre ella. Machado permanece fuera de Venezuela desde diciembre de 2025.
A través de un comunicado, la organización recordó que en 2015 la Contraloría General de la República inhabilitó a Machado por un año, medida que le impidió postularse a las elecciones parlamentarias. En 2023, luego de que la dirigente opositora ganara las primarias de la oposición, el organismo extendió la sanción a 15 años.
Entretanto, VV denunció que las autoridades impusieron esta medida sin respetar las garantías del debido proceso y sin notificarla formalmente. En enero de 2024, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó la inhabilitación en vísperas de las elecciones presidenciales de julio de ese año.
Denuncian coacción judicial tras revelaciones de exmagistrada
El pronunciamiento de VV responde a las recientes declaraciones de Bárbara César Siero, exmagistrada del TSJ, quien denunció el martes pasado que funcionarios gubernamentales la coaccionaron para firmar varias sentencias de inhabilitación, incluida la de Machado.
En un video y una carta difundidos en sus redes sociales, la exjueza relató que el 15 de diciembre de 2023 Machado interpuso una demanda ante el TSJ para revisar la medida administrativa.
Ese mismo día, agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar detuvieron arbitrariamente a sus hermanos —el teniente coronel Guillermo Enrique César Siero y el mayor Guillermo Henry César Siero— y a su cuñada, la mayor Diana Desirée Victoria Justo.
Uso de familiares para presionar las decisiones del TSJ
César Siero afirmó que durante semanas desconoció el paradero de sus familiares, los delitos imputados y el estado de su comunicación. Aseguró que los organismos del Estado utilizaron a sus parientes para presionarla en su rol de magistrada y vicepresidenta de la Sala Político-Administrativa, tribunal encargado de decidir sobre el futuro político de los candidatos.
Asimismo, el 22 de enero de 2024, el entonces fiscal general Tarek William Saab vinculó a los tres familiares con la llamada operación ‘Brazalete Blanco’, un supuesto plan de magnicidio contra Nicolás Maduro.
La exmagistrada sostuvo que el Ministerio Público construyó esta narrativa para criminalizar a su familia, influir en sus decisiones judiciales y enviar un mensaje intimidatorio a los jueces y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
A pesar de que las autoridades excarcelaron a su cuñada y a su hermano Guillermo Henry en junio pasado con medidas cautelares, el tribunal del caso condenó el pasado jueves a sus dos hermanos y a su cuñada a penas de entre tres y doce años de prisión por presunta conspiración política y encubrimiento.
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