El primer vicepresidente del Congreso de Perú, el parlamentario fujimorista Fernando Rospigliosi, declaró este lunes estar de acuerdo con impulsar una amnistía para los policías y militares denunciados por las muertes en las protestas antigubernamentales de 2022 y 2023, tras la reciente promulgación de una ley similar para uniformados enjuiciados por delitos cometidos en el conflicto armado interno (1980-2000).
El legislador fujimorista dijo a la prensa que «los militares y policías que defendieron al país y que salvaron al Perú de caer en manos de la dictadura que pretendía imponer Pedro Castillo, y convertirnos en una Cuba o en una Venezuela, están siendo procesados injustamente».
Al ser consultado por los reporteros si estaba a favor de una ley de amnistía para ellos, Rospigliosi respondió «claro que sí».
En las protestas masivas que se extendieron en el país desde la destitución del expresidente Pedro Castillo, en diciembre de 2022 hasta febrero de 2023, se registraron 49 personas fallecidas por enfrentamientos directos con las fuerzas del orden, entre ellos menores de edad, y decenas de heridos.
Fiscalía de la Nación
A raíz de esos hechos, la Fiscalía de la Nación presentó una acusación constitucional, por homicidio y lesiones graves, contra la presidenta de Perú, Dina Boluarte, varios exministros y exjefes policiales y militares.
Rospigliosi agregó que «los menores de edad (fallecidos y lesionados) también participaban (de la protesta)», al contradecir la versión de sus familiares de que huían de la zona cuando fueron atacados por las fuerzas del orden.
«En el aeropuerto de Ayacucho, que está distante de la ciudad, ¿todos pasaban por ahí? Por favor, ya dejémonos de cuentos», expresó el legislador sobre uno de los lugares que fue escenario de los enfrentamientos de manifestantes con la Policía y dejaron al menos una decena de fallecidos.
«Todos, todos, todos, sin ninguna excepción, que han sido heridos o que han sufrido alguna consecuencia dicen: ‘no, yo pasaba por ahí, yo pasaba por el aeropuerto de Ayacucho’, que está distante'», afirmó Rospigliosi.
Legal y constitucional
El legislador presentó ante el pleno del Congreso la reciente ley de amnistía aprobada por el Legislativo y promulgada la semana pasada por Boluarte, en medio del rechazo de diversos sectores políticos y sociales al considerarla un retroceso en la lucha contra los crímenes de lesa humanidad.
«La norma tiene que aplicarse, porque además es absolutamente legal y constitucional. Lo que se está haciendo es procesar y, a veces, sentenciar a militares y policías que derrotaron al terrorismo en la década del 80 y el 90 (del siglo XX)», expresó Rospigliosi a la emisora RPP.
Pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) había instado a Boluarte a no promulgar la amnistía, la presidenta rechazó la exhortación del tribunal al calificarla como una injerencia en la soberanía nacional y firmó la ley en una ceremonia en Palacio de Gobierno arropada de militares y policías retirados, algunos de ellos condenados y procesados por violaciones a los derechos humanos.
El conflicto armado interno (1980-2000) fue una de las épocas más violentas de la historia de Perú que dejó 69.000 muertos, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), protagonizada por la organización maoísta Sendero Luminoso y el marxista MRTA mediante acciones terroristas de enorme brutalidad que fueron respondidas por los organismos de seguridad con fuerza extrema y donde se vulneraron derechos humanos con torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
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