Bogotá.- Las denuncias por complicidad y encubrimiento de la fuerza pública en crímenes cometidos por paramilitares en la región colombiana del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, fueron entregadas este viernes en un informe a la Justicia Especial para la Paz (JEP) por catorce organizaciones.
El documento de 117 páginas fue elaborado para que la JEP, nacida del acuerdo de paz firmado en 2016 con la antigua guerrilla de las FARC, esclarezca la responsabilidad penal de militares y policías en los hechos descritos por los sobrevivientes y familiares de las víctimas.
«Fueron 2.022 días y los mandos militares no hicieron nada para evitar esta masacre de la población. Son demasiados los cuestionamientos de cómo una criminalidad tan alta, evidente y pública, que fue advertida por toda la sociedad, ellos no la pudieron prever», afirmaron las organizaciones.
El Bloque Catatumbo de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) cometió entre el 29 de mayo de 1999 y el 10 de diciembre de 2004 en siete municipios del Catatumbo al menos 12.327 asesinatos, sometió a desaparición forzada a 375 personas, cometió actos de violencia sexual contra 22 mujeres, y es responsable de 38 torturas y 52 masacres, según el informe.
Los crímenes, que se extendieron hasta el Área Metropolitana de Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, fueron admitidos por los integrantes de ese grupo ante fiscales de la Ley de Justicia y Paz, resultado del acuerdo de paz en el que las AUC se disolvieron a mediados de 2006 con el Gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010).
COMPLICIDAD Y ENCUBRIMIENTO
El informe describe las zonas del departamento de Norte de Santander donde actuó el Bloque Catatumbo, enumera las más graves violaciones de derechos humanos que perpetraron sus miembros e identifica las unidades militares y de policía que hacían presencia en las regiones donde ocurrieron los hechos, así como los oficiales que las comandaban.
Durante la entrega, las víctimas y organizaciones cuestionaron la pasividad del Estado al no ejercer control sobre las vías y contener la incursión del grupo armado cuando en esa zona del norte del país la presencia militar y policial era sólida.
Las víctimas y sobrevivientes presentes en la diligencia judicial detallaron que pese a haber denunciado los vínculos entre paramilitares y la fuerza pública, la justicia ordinaria no esclareció el rol que cumplieron altos mandos en el ingreso y consolidación del paramilitarismo en esa región.
«Lo que ocurrió en el Catatumbo fue un verdadero holocausto y así lo demuestran las cifras presentadas hoy (…) y es necesario que sean vinculados los altos mandos de la época», dijo Juan Carlos Quintero, miembro de la junta directiva de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat).
En el informe también explican que las fuerzas militares no pueden argumentar que fueron sorprendidas por los paramilitares pues conocían la estrategia de estos grupos de expandirse por diferentes lugares del país.
«¿Por qué si el jefe paramilitar Carlos Castaño anunció el 15 de marzo de 1999, en una entrevista al periódico El Tiempo, que el objetivo próximo del grupo que comandaba era, ese año, el Catatumbo, el Ejército y la Policía no desarrollaron acciones para prevenir esa incursión y proteger a la población?», cuestionaron.
DEUDA DE LA JUSTICIA
El Catatumbo, que abarca 10.089 kilómetros cuadrados, en su mayoría selváticos, vive todavía bajo el terror de bandas criminales y grupos paramilitares como Los Rastrojos y el Clan del Golfo, mientras sus habitantes denuncian la ausencia del Estado y la impunidad en la justicia.
«La jurisdicción penal ordinaria no quiso ocuparse de los máximos responsables, por lo que las víctimas han tenido que sumar al dolor causado por las violaciones de derechos humanos que han padecido, la indignación que suscitan las medias verdades», afirmaron las organizaciones en el informe.
Los sobrevivientes también recordaron que de los 1.478 miembros del Bloque Catatumbo desmovilizados, solo se postularon al trámite reglado por la Ley de Justicia y Paz 96 paramilitares, lo que se traduce en un gran subregistro de los crímenes cometidos por ese grupo.
Hasta el momento, la JEP ha recibido 279 informes de víctimas y organizaciones civiles que esperan que el alto tribunal pueda «llegar a fondo» en las investigaciones y garantizarles el derecho a la verdad.
«Esta entrega es la primera forma de acceder a la justicia y participar en los procesos de esta jurisdicción. Los informes son el insumo principal de nuestro trabajo en la Sala de Reconocimiento», dijo la presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, Catalina Díaz.
EFE
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