Caracas.- Quejarse, protestar o expresar libre y públicamente una opinión contraria al Gobierno venezolano en una zona popular del país puede llevar a una persona a convertirse en el blanco de los vigilantes ciudadanos que tiene el Estado en las comunidades y con los que ha logrado un control social pleno.
La figura es reconocida por el propio Gobierno como «patriota cooperante» y su principal propulsor es el considerado número dos del chavismo, Diosdado Cabello, quien en diferentes ocasiones ha señalado que conoce los movimientos de algún ciudadano de su interés, sea político, profesor, periodista o dirigente sindical.
Esta práctica no es constitucional, pero aún así está extendida por el país, sobre todo en los sectores en los que los ciudadanos dependen de ayudas sociales del Gobierno o dentro del ambiente político que le es contrario.
Algunos les llaman comisarios políticos, otros espías, infiltrados, «soplones» o simplemente «patriotas cooperantes», y quienes han sido objeto de su atención señalan que el que se viste de esta figura puede ser miembro de un cuerpo de seguridad del Estado, de organizaciones del partido de Gobierno o un simple vecino que sea afín al chavismo.
LA VERSIÓN DEL «COLECTIVO»
De acuerdo con el abogado constitucionalista José Vicente Haro, la práctica comenzó en 2014, pero algunas «víctimas» de estos espías señalan que empezó una década antes con los denominados «colectivos», grupos civiles armados que actúan con violencia y que dicen actuar en defensa de la revolución bolivariana.
Ellos, explica a Efe el dirigente comunitario Manuel Mir, se encargan de identificar a las personas o líderes que dentro de la comunidad están denunciando los problemas sociales internos o aquellos que critican al Gobierno y, por ello, los «amedrentan» bajo insultos o amenazas con armas.
Mir fue dirigente social en la parroquia 23 de enero, una de las zonas del oeste de Caracas más conocidas en la actualidad por estar controlada por colectivos. El también historiador tuvo que abandonar su comunidad en 2017, luego de recibir amenazas en su contra y tras el ingreso forzoso de estos grupos a su vivienda, según relató.
«Yo estuve mucho tiempo» denunciando en la radio «las situaciones en la parroquia (…) entonces a ellos les molestaba mucho cuando uno decía el problema del agua, el problema de la luz, el problema de los servicios públicos», comentó Mir, quien además señaló que el hostigamiento constante le dejó daños psicológicos, emocionales y económicos.
EL DEL CONSEJO COMUNAL
Pero no solo se trata de los «colectivos». La figura también tiene su lado menos violento y quienes la encarnan en ese caso son miembros del partido o de los Consejos Comunales del Gobierno. Estos últimos se encargan, en muchos casos, de coordinar las ayudas sociales del Ejecutivo a las comunidades.
Estas personas «son llamadas a participar como patriotas cooperantes para, de alguna manera, informar, delatar, exponer a determinadas personas que dentro de la comunidad pudieran sospecharse que son calificadas contrarrevolucionarios», sostiene el abogado Haro.
Y el daño más palpable para estos «contrarrevolucionarios» es ser discriminados de los beneficios sociales. Por ejemplo, se retira el apoyo de la caja de alimentos subsidiados o no se le permite la compra de bombonas de gas doméstico cuya distribución es manejada por los Consejos Comunales.
Sin embargo, el líder comunitario José Gregorio Ochoa, de la parroquia Antímano, en el oeste de la ciudad capital, señaló que actualmente en la «mayoría» de los Consejos Comunales sus miembros se están quejando de la «grave situación económica, política y social que vive nuestro país» y, por ello, sostuvo el Gobierno ha creado «jefes territoriales» elegidos «a dedo».
La situación de vigilancia puede darse, además, sobre la prensa. El miembro afín al partido de Gobierno se puede acercar a preguntarle al equipo periodístico qué se encuentra haciendo en el lugar -pese a ser un sitio público de libre tránsito-, el nombre del medio al que pertenece o pedirle que se retire de la zona, sin argumentar razones.
El periodista y también líder vecinal Carlos Julio Rojas, que ha sido objeto de varios «ataques» por parte de grupos que él asegura son afines el Gobierno, sostiene que cualquier persona puede ser objeto de agresiones u hostigamiento por el hecho de denunciar alguna irregularidad del Estado.
«Cuando un vecino se queja porque no tiene agua en una cola (fila para comprar) por el pan, los colectivos lo están viendo, o un vecino que se queje en el chat de WhatsApp del edificio o de cualquier barrio popular que hay problemas de apagones él puede ser señalado como opositor (…) nos califican de terroristas», indicó.
Y todos coinciden en que la práctica fue forjada por el Gobierno y reforzada en los últimos años a fin de mantener un control en las comunidades, y limitar las denuncias y las protestas antigubernamentales ante la «pérdida de apoyo popular».
EFE
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