La Paz.- Bolivia debe «cerrar» y hacer justicia por los convulsos acontecimientos de 2019 que han marcado la polarización que sufre el país y mantienen confrontados al Gobierno y a la oposición, sostiene el vocero presidencial, Jorge Richter, en una entrevista con Efe.
«Hay que cerrar noviembre de 2019 porque es hoy en día en nuestra coyuntura actual el centro de la polaridad», aseguró Richter sobre lo que para el oficialismo fue un «golpe de Estado» en contra de Evo Morales, quien el 10 de noviembre de ese año renunció a la Presidencia de Bolivia en medio de denuncias de fraude electoral.
Además, considera que es fundamental que haya «justicia» principalmente por los más de 20 muertos en las llamadas masacres de Sacaba, en Cochabamba, y Senkata, en El Alto, a manos de las Fuerzas Armadas y la Policía, días después de que Jeanine Áñez asumiera el Gobierno interino.
Sin embargo, esa posibilidad se contrapone con las últimas tensiones tras el paro de nueve días contra una polémica ley abrogada por el Ejecutivo y la réplica del oficialismo que muestra su respaldo al Gobierno del presidente Luis Arce con una marcha que va rumbo a La Paz.
JUSTICIA Y PACIFICACIÓN
El país necesita la «construcción de un proceso de pacificación», dijo Richter.
«No hablo de reconciliación, esta sociedad no ha estado reconciliada nunca», aclaró en relación a un proceso «centenario» de «acumulación» de diferencias sociales en Bolivia.
No obstante, considera que la pacificación en Bolivia, sobre la que hizo referencia el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en un informe de los sucesos de 2019, «está entorpecida por la resistencia del sector que generó la ruptura (constitucional) en 2019».
«Necesitamos investigar, hallar responsabilidad y sancionar», afirmó sobre los hechos violentos de 2019, sin que eso implique, a su juicio, «poner un paréntesis» la necesidad de una reforma judicial.
La reforma a la justicia es una condición que ha puesto la oposición parlamentaria para dar vía a los procesos de responsabilidades contra la expresidenta interina Áñez, algo que desde el Ejecutivo ha tenido dos intentos por ahora sin resultados.
«La justicia debe hacer su mejor esfuerzo, no estamos de acuerdo en todo lo que está haciendo la justicia porque no va con la celeridad y con la rapidez que se necesita para cerrar el caso», enfatizó.
LA SOMBRA DE LOS COMICIOS DE 2019
La estela de duda que quedó sobre las elecciones anuladas de 2019 son, a juicio de Richter, algo que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), «si tiene voluntad», podría llegar a aclarar y lograr reconstruir.
El vocero insistió en que el rol de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la auditoría de esos comicios dejó «un daño institucional» y esto podría dejar un manto de desconfianza que «va a pasar (tras) varias elecciones».
El TSE «por su honorabilidad y los procesos que administra y por su institucionalidad debería aclararlo» y podría «reconstruir toda la documentación faltante», afectada por los destrozos en algunas instalaciones electorales en 2019, para así determinar cuáles fueron los resultados, dijo.
Y añadió que esto no afectaría «la preclusión» del proceso que invocó el ente electoral al considerar que aquella elección no puede revisarse de nuevo.
«Siempre va a estar la sospecha del fraude electoral (…) y esa es la ganancia de quienes denunciaron el fraude pero no lo probaron», enfatizó Richter.
Lo sucedido en 2019 también ha marcado una distancia entre el Gobierno y algunos medios de comunicación locales sobre si en 2019 hubo un «golpe de Estado», como afirma el oficialismo, o fraude electoral que desencadenó la crisis.
El vocero criticó que algunos medios asumieron una «postura de orden político», pues, a su juicio, al hablar de un fraude electoral consumado, se refieren en cambio a «un supuesto golpe de Estado».
Para Richter esa postura «tiene poca veracidad, contrasta con lo que hemos vivido como bolivianos, no es animadversión, pero no tendríamos por qué callarnos ni autocensurarnos (desde el Gobierno)».
EL ROL DEL MAS
Sobre las recientes protestas y el paro de nueve días por parte de varios sectores y comités cívicos, el portavoz de la Presidencia consideró que tuvieron un componente sectorial y político.
Por un lado está la necesidad del Gobierno de aplicar «acciones más sólidas» para difundir leyes y por el otro los bloques de la oposición que apelaron a un «conjunto de no verdades» para atemorizar a la población con el fin de «abreviar el mandato del presidente Arce».
Sobre la posición del presidente al interior del Movimiento al Socialismo (MAS) dijo que es Arce quien «gobierna» y «manda» dentro del Gobierno, y añadió que es un rol que también se combina con Morales como líder de ese partido y con el vicepresidente del país, David Choquehuanca, quien tiene fuerte representación social.
«Hay tres referencias (Arce, Morales y Choquehuanca) y el MAS está aprendiendo a convivir con eso», algo que «no deja de ser complejo» pero es «la fuerza» de ese bloque político, finalizó.
EFE
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