Desde el año 2019 hasta el presente, Juan Guaidó, ex presidente de la Asamblea Nacional, ha incursionado en la presunta comisión de 15 delitos, algunos de forma continuada, según expedientes.

La primera medida que tomó el Poder Judicial contra Guaidó data del 29 de enero de 2019, día en que la Sala Plena (32 magistrados) del Tribunal Supremo de Justicia dictó medidas cautelares consistentes en: prohibición de salida del país sin autorización hasta tanto se culmine la investigación; prohibición de enajenar y gravar los bienes de su propiedad y bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias y/o cualquier otro instrumento financiero en el territorio venezolano.

Tal decisión quedó plasmada en la sentencia número 1° de la Sala Plena del 29/1/19 redactada por el magistrado Juan Mendoza. El texto íntegro de esa sentencia no está publicado pero un extracto de ella fue anunciada en un comunicado enviado a los medios desde el Alto Tribunal de Venezuela.

Un párrafo de ese comunicado dice que “dichas medidas cautelares innominadas fueron solicitadas por el fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, Dr. Tarek William Saab, quien acordó dar inicio a una investigación preliminar contra Guaidó Márquez”.
Esa investigación se anunció seis días después que Guaidó se autojuramentara como presidente interino del país “hasta que cese la usurpación…”, según sus palabras.

Y justamente el 22 de febrero de 2019, Guaidó incumplió la medida de prohibición de salida del país, al cruzar la frontera para ingresar a Colombia escoltado por cabecillas del grupo irregular Los Rastrojos, quienes lo llevaron por trochas hasta entregarlo a las autoridades del vecino país.

Al día siguiente Guaidó intentó irrumpir en territorio venezolano con gandolas donde supuestamente traía “ayuda humanitaria”. Luego se develó que en una de esas gandolas, quemadas por seguidores del personaje opositor, traían instrumentos empleados por los llamados guarimberos.

Dos meses después de las medidas cautelares, concretamente el 28 de marzo de 2019, la Contraloría General de la República anunció la inhabilitación a Guaidó por 15 años para ejercer cargos públicos.

Cuatro días después de ese anuncio, Guaidó salió nuevamente fuera de Venezuela, en contravención a lo dictado por la Sala Plena. En consecuencia, esa misma instancia emitió una nueva sentencia el 1° de abril de 2019 declarando en desacato al entonces diputado, imponiéndole una multa de 200 unidades tributarias y solicitando a la Asamblea Nacional Constituyente levantar la inmunidad parlamentaria para que el sujeto pueda ser juzgado sin los privilegios constitucionales que lo ampara por ser, para ese momento, un alto funcionario del Estado.

El Distribuidor Altamira

Ese mismo mes de abril de 2019, específicamente el día 6, Juan Guaidó anunció el inicio de la denominada Operación Libertad, consistente en manifestaciones que constituirían “una fase definitiva” para el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro. Esa serie de protestas cerrarían con el golpe frustrado del 30 de abril de 2019 cuando el sujeto se presentó a las 5:46 am en el Distribuidor Altamira y le dijo al país que les acompañara “en la Base Aérea La Carlota”.

Luego las imágenes constataron que Guaidó se encontraba fuera de ese establecimiento militar, junto a su compañero de partido (Voluntad Popular) Leopoldo López y diputados que se fueron añadiendo, entre ellos Edgar Zambrano, Carlos Prosperi, Henry Ramos Allup, Carlos Paparoni, Stalin González, Luis Florido, Richard Blanco, Marianela Magallanes, Simón Calzadilla, y Americo de Grazia.

A media mañana de ese 30-A el gobierno proclamó el fracaso de la intentona con el retorno de los vehículos castrenses que se habían movilizado hasta La Carlota. Ya en la tarde, las televisoras difundieron una concentración del chavismo a las puertas de Miraflores en respaldo al presidente Maduro.

Por ese hecho, fueron procesados penalmente una veintena de diputados, incursos presuntamente en traición a la patria e instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuada, entre otros delitos que igualmente se le achacan al protagonista de esa jornada, el entonces parlamentario Juan Guaidó.

En el documento que el Ministerio Público interpuso ante la Sala Plena del TSJ para solicitar el enjuiciamiento de los diputados, se señala que lo ocurrido el 30-A no es un hecho aislado; por el contrario, se toma como otro paso de la denominada Operación Jericó.

Y a continuación, el Ministerio Pública indica en el documento acusatorio que dicha operación “consiste en el desarrollo de un plan estratégico en diferentes etapas, que la doctrina militar y política denomina como guerra de cuarta generación, que tiene por objetivo la desestabilización del gobierno legal y legítimamente constituido en la República Bolivariana de Venezuela, identificándose cada etapa con nombres específicos, tales como: La Salida o Resistencia”.

La Fiscalía, que le ha hecho un seguimiento de la Operación Jericó, señaló al TSJ que ese plan contiene ocho propósitos: 1.- aislamiento financiero a Venezuela por actores de la banca mundial. 2.- ataques a cuarteles y bases militares 3.- violentas alteraciones del orden público. 4.- ataques a servicios públicos. 5.- acaparamiento y contrabando de extracción de combustible, alimentos y medicinas 6.- desaparición del cono monetario 7.- vilipendio y desconocimiento de instituciones del Estado y 8.- desconocimiento de algunos países de la región al gobierno legal, legítimo y democrático existente en Venezuela.
El apagón. En consonancia con ese listado de acciones, el Ministerio Público señaló a Guaidó como presunto responsable en un sabotaje al Sistema Eléctrico Nacional ocurrido el 7 de marzo del 2019 y días subsiguientes. Con gran parte del país a oscuras, Guaidó escribió en sus redes sociales que “la luz regresará a Venezuela cuando Maduro abandone el poder”.

El tráfico de armas es uno de los 15 delitos por los cuales investigan a Guaidó. Ese lo cometió presuntamente en concertación con el ex militar Clíver Alcalá Cordones, quien declaró a una radio colombiana que el intento de pasar un lote armas hacia Venezuela, para armar a grupos, había sido realizado “por instrucciones directas del señor Juan Guaidó”. La Fiscalía sostiene que ese armamento era para atentar contra el presidente Maduro.

Las armas a las que alude Alcalá son: 26 fusiles de asalto 5.56 de fabricación americana, AR-15, MOE, 36 culatines para fusil, 28 visores nocturnos de dos ojos, nueve visores nocturnos de un ojo, ocho silenciadores de fusil y 45 unidades de mira para fusil, entre otros.

Monómeros y gastos personales

  • La última investigación abierta por Fiscalía contra Guaidó se basa en una sentencia de la Corte de Delaware (EEUU), donde señala que el sujeto “empleó recursos de Pdvsa para financiarse, que causaron pérdidas al país por $19 mil millones”.
  • En septiembre de 2021 Fiscalía informó que investiga a Guaidó por apropiación de activos en el exterior que ascienden a $7 mil millones incluida la empresa Monomeros.
  • Los 15 delitos por los que investigan a Guaidó: traición a la patria, terrorismo, conspiración, legitimación de capitales, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, malversación, magnicidio frustrado, corrupción, provecho o distracción de dinero, valores o bienes públicos, tráfico de armas de guerra, instigación a la insurrección, asociación, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuada.

La imputación pública

 

Pese a estar investigado por 15 delitos, Guaidó no ha comparecido ante Fiscalía o tribunal para ser impuesto oficialmente de la imputación, tal como lo dice el 126-A del Código Orgánico Procesal Penal. Pero, magistrados consultados aseguran que las medidas cautelares dictadas por la Sala Plena el 29/1/19 constituyen una “imputación pública” que se perfecciona cuando el sujeto sea detenido.

“El 126 del Copp dice que imputado es toda persona a quien se le señale como autor de un hecho punible”, dijo un magistrado, quien aclaró que todas esas imputaciones públicas formuladas por Fiscalía fueron respondidas en redes por Guaidó, “por lo tanto ya se dio por notificado”, acotó.

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