Adís Abeba.- Un total de 2.3 millones de personas requieren asistencia humanitaria urgente en la región de Tigray, según un último informe de la Agencia de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), que niega el fin del conflicto armado que el Gobierno etíope mantiene contra esta región.

«La inseguridad continúa con enfrentamientos reportados en áreas rurales y alrededor de (la capital regional de) Mekele (y de las urbes de) Shiraro y Shire», aseguró OCHA vía Twitter a última hora del viernes.

«El acceso a Tigray sigue restringido debido a la violencia y obstáculos burocráticos», continuó la ONU, y detalló que 1,3 millones de quienes necesitan asistencia humanitaria lo hacen como fruto del conflicto armado iniciado el pasado 4 de noviembre, mientras que más de 950.000 personas eran ya refugiados en la zona.

El informe denuncia también, según hallazgos registrados durante dos misiones realizadas en Tigray a finales de diciembre por la ONU y agencias gubernamentales, escasez de alimentos, saqueos generalizados y alta inseguridad en la zona.

«Según ambas misiones de evaluación, los suministros de alimentos son muy limitados y solo se encuentran alimentos locales a precios exorbitados», reza el documento, que menciona junto al saqueo de propiedades privadas «un daño masivo» de centros de salud y la ausencia de sanitarios.

ALTO RIESGO DE COVID-19

Por ello, OCHA mostró también su preocupación ante el potencial aumento de casos de coronavirus en la región dada «la interrupción de las actividades de vigilancia y control de la covid-19, los desplazamientos masivos y las condiciones de hacinamiento» en las que se encuentran muchos refugiados.

El pasado 28 de noviembre, tras la toma militar de Mekele por tropas federales, el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, se apresuró a anunciar el final de la ofensiva armada contra Tigray, en la que según grupos pro derechos humanos y la ONU habrían muerto centenares de civiles «en posibles crímenes de guerra».

Las autoridades regionales estiman al menos 90.000 personas desplazadas solo a causa del conflicto, desencadenado el pasado 4 de noviembre después de el Gobierno decidiera atacar al Frente Popular de Liberación de Tigray (FPLT) -partido gobernante en la región- en represalia por un ataque de fuerzas tigriñas a una base federal.

 

EFE