Cuatro funcionarios del Servicio de Investigación Penal de la Policía del estado Bolívar fueron aprehendidos y dos son buscados luego que un tribunal libró boletas de capturas contra los oficiales.

Juez Segundo de Control de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar mediante oficio número 957-2023 de fecha 08 de junio de 2023 de acuerdo a la causa penal n° FP01-P-2023-000534 ordenó la detención de los uniformados.

José Luis Torres de 42 años de edad, Derbis Alfonzo Caña Suárez 37 años, Elvis Berkenis Gudiño de 40 años, Henry Eduardo Castrillo Graterol de 26 años, Cristian José Cedeño Ruiz de 32 años, Oscar Omar García Silva 45, los dos últimos de los mencionados se encuentran huyendo.

Los seis funcionarios están adscritos al Servicio de Investigación Penal de la parroquia Agua Sala del municipio Angostura del Orinoco, Ciudad Bolívar.

Ministerio Público imputa los delitos de retraso u omisión de funciones, constricción para obtener sumas de dinero, uso indebido de bienes del patrimonio público y agavillamiento.

Algunos familiares de los procesados denunciaron la detención de los oficiales, la consideraron como un retaliación contra los policías por publicar en redes sociales y denunciar ciertos hechos dolosos que supuestamente vienen ocurriendo en dicha institución policial.

Procedimiento policial en sector El Perú

Funcionarios detenidos antes del ser capturados e imputados por los delitos antes mencionado, habían realizado un procedimiento en sector El Perú de Angostura del Orinoco, en la casa del propietario de una Estación de Servicio en Ciudad Bolívar y consiguieron más de mil litros de combustibles, armas de fuego, entre otras cosas.

El procedimiento de acuerdo al Acta Policial fue notificado al abogado Jesús Campos, fiscal del Ministerio Público, en materia contra la corrupción, posteriormente a la oficina de búsqueda y captura acudió el comisionado José Luis Torres, indicando a los funcionarios que por instrucciones del comisionado jefe Douglas Farrera subdirector y el director general de la PEB general Jesús Andrés Arteaga, los ciudadanos aprehendidos debían ser liberados y entregadas las cosas incautadas.

Afectados por las detenciones de los oficiales de la PEB dicen que la ciudadanía debe saber que a los uniformados les están aplicando la ley de talión, “ojo por ojo y diente por diente”.

Apuntan que acudirán hasta Caracas, denunciaran las aprehensiones de los funcionarios ante la oficina de la Corte Penal Internacional, ellos consideran este suceso como una violación de los derechos humanos.

 

 

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