Castillo
El presidente de Perú, Pedro Castillo, en una fotografía de archivo. EFE/ Paolo Aguilar

El abogado Benji Espinoza, uno de los defensores del presidente de Perú, Pedro Castillo, abrió este martes la posibilidad de recurrir a la justicia constitucional si es que el Congreso aprueba este miércoles una moción que pide la destitución del gobernante por «permanente incapacidad moral».

«Aquellos actos políticos que no respetan el ordenamiento jurídico en su momento van a ser declarados nulos», declaró Espinoza a periodistas.

Además, indicó que «el Congreso no es un órgano que esté exento del control constitucional, debe primero respetar el debido proceso».

Enfatizó que, «si lo hace, su actuación es legítima, pero si no lo hace, entonces debe intervenir la justicia constitucional para poder corregir».

Tras considerar que Castillo «tiene que cumplir su mandato de cinco años», para el que lo eligieron en junio del año pasado.

Espinoza confirmó que este miércoles irá «a ejercer la defensa del presidente» ante el pleno del Congreso junto con el también abogado José Palomino Mancheco.

«Vamos a hacer la defensa conjunta del señor presidente», dijo antes de asegurar que van «a desacreditar» los argumentos de la moción de destitución.

El abogado informó que «en el transcurso de la mañana» de este miércoles se informará si el presidente también acude a ejercer su derecho a la defensa ante el pleno del Congreso, convocado para reunirse desde las 15.00 horas.

Sesión plenaria en el Congreso

Medios locales publicaron un oficio que el Ejecutivo envió al Congreso para informar que a la sesión plenaria también acudirán los ministros de Relaciones Exteriores, César Landa; Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero; Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez; y Trabajo, Alejandro Salas.

Castillo afrontará un tercer intento del Congreso de destituirlo por «permanente incapacidad moral», luego de que el pleno aprobó el jueves pasado admitir a trámite una moción presentada por el congresista independiente Edward Málaga.

El documento considera «inaceptable que un presidente ejerza el cargo en medio de fuertes indicios de corrupción, grave indignidad, o cuestionamientos morales y éticos».

Menciona, además, «el irresponsable desmantelamiento de la administración pública y el copamiento clientelista de las instituciones del Estado», los «vínculos cada vez más evidentes con graves actos de corrupción» y «graves faltas éticas que atentan contra la dignidad de la figura presidencial».

Para que proceda una eventual destitución requerirá del voto a favor de, al menos, 87 de los 130 parlamentarios, aunque tanto representantes del oficialismo como de la oposición han manifestado en las últimas horas sus dudas de que se logre alcanzar ese apoyo.

Castillo sorteó un primer pedido de destitución en diciembre de 2021, cuando la moción no se admitiera a trámite, y un segundo proceso en marzo pasado, cuando recibió solo 55 votos a favor.