En una reciente entrevista radial, el abogado Franklin Rojas presentó un contundente análisis sobre la crisis institucional que atraviesa Venezuela, centrándose en las irregularidades legislativas que vulneran la Carta Magna.
Durante el espacio, Rojas denunció lo que calificó como un «madrugonazo» por parte del gobierno al modificar el artículo 65 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
A juicio del jurista, dicha reforma viola flagrantemente el artículo 270 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece que el Comité de Postulaciones Judiciales debe estar integrado de manera abierta por la sociedad civil organizada —incluyendo estudiantes, gremios, federaciones y académicos— y no limitarse a la designación partidista encabezada por una fracción de diputados.
Restitución del Estado de derecho
Asimismo, el profesional del derecho enfatizó que la restitución del Estado de derecho pasa ineludiblemente por la liberación de todos los presos políticos, un paso crucial para generar un ambiente de verdadera justicia y reconciliación nacional.
Rojas argumentó que la existencia de ciudadanos privados de libertad por motivos ideológicos refleja la urgencia de reestructurar el sistema penal del país, el cual actualmente responde a intereses particulares en lugar de tutelar las garantías ciudadanas.
Profundizando en el plano institucional, el jurista remarcó la imperiosa necesidad de una reforma judicial integral. Esta transformación exige la depuración inmediata de los cuerpos de seguridad del Estado y la implementación de mecanismos transparentes para la selección de jueces y fiscales honestos.
Para Rojas, la administración de justicia solo recuperará su legitimidad cuando la ciudadanía pueda confiar en un sistema imparcial, donde los funcionarios actúen con apego estricto a las leyes y no bajo presiones externas o arbitrariedades políticas.
Para cerrar, el abogado hizo un llamado urgente respecto al restablecimiento de la ruta democrática mediante la exigencia de un cronograma electoral claro y transparente, con especial prioridad en la fijación de las elecciones presidenciales.
De acuerdo con Rojas, la vía electoral constituye la única herramienta legítima para superar la crisis institucional y devolverle a los venezolanos la soberanía popular a través del voto.
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