En un acto convocado en la emblemática redoma Chilemex de Puerto Ordaz —escenario histórico de las luchas sociales e intersindicales de la región—, manifestantes se congregaron el pasado sábado 12 de septiembre para llevar a cabo un «pancartazo» en defensa de los derechos laborales y civiles de los venezolanos.
Durante la manifestación, el profesional del derecho Franklin Rojas ofreció un firme pronunciamiento en el que centró su postura en la urgencia de reestructurar el aparato estatal y garantizar las libertades ciudadanas.
Rojas abogó de manera categórica por la refundación de las instituciones públicas, señalando que este paso es imprescindible para restaurar la operatividad del Estado y mejorar de forma real la calidad de vida de los ciudadanos.
Asimismo, el jurista hizo un llamado urgente al cese de la persecución política contra quienes manifiestan posturas disidentes. En su intervención, Rojas condenó los mecanismos de intimidación ejercidos contra la ciudadanía y la clase trabajadora que exige reivindicaciones.
Derogación de instrumentos legales
Como punto central de su declaración, Rojas exigió la derogación inmediata de un compendio de normativas que, a su juicio, funcionan como herramientas de coerción institucional.
Entre los instrumentos señalados destacan Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia y Ley Simón Bolívar.
De acuerdo con el profesional del derecho, estas regulaciones se han instrumentalizado por el Gobierno como mecanismos represivos para criminalizar la protesta social, acallar el pensamiento distinto y vulnerar las garantías constitucionales de la población.
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