Un juez federal de Miami fijó una millonaria indemnización para un venezolano exiliado en EE. UU. que demandó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, otros miembros del poder civil y militares de alto rango de ese país, así como a las FARC y el Cartel de los Soles, por secuestro y torturas.
El juez Federico A. Moreno determinó que el abogado Carlos Marrón, que estuvo detenido 878 días y alega haber sido torturado durante su cautiverio en Venezuela, su esposa y sus dos hijos menores deben ser compensados con 153 millones de dólares.
Para cumplir con el fallo el tribunal puede embargar bienes de los demandados, que fueron condenados en desacato ante su falta de respuesta a los requerimientos judiciales, según los documentos judiciales del caso a los que tuvo acceso EFE.
Además de Maduro, las FARC, el Cartel de los Soles, son objeto de la demanda Vladimir Padrino López, ministro de Defensa; Maikel José Moreno Pérez, jefe del Tribunal Supremo; Néstor Luis Reverol, ministro de Energía Eléctrica y antes de Interior; Tarek William Saab, fiscal general, y Tareck El Aissami, ministro del Petróleo.
La demanda fue presentada en 2022 por Marrón también en nombre de su esposa y sus dos hijos menores de edad bajo la Ley Anti-Terrorismo de Estados Unidos.
Las compensaciones previstas por esa ley se triplican en este caso por existir una ley similar en Florida, con otras cantidades de indemnización.
A la esposa de Marrón se le asignan 45 millones de dólares y a cada uno de los dos hijos del matrimonio 15 millones para compensar los padecimientos que sufrieron por el encarcelamiento del cabeza de familia.
Al demandante se le asignan 78 millones de dólares, según aparece en el fallo.
Marrón, que se había exiliado en EE. UU., decidió regresar en 2018 a Venezuela al saber que su padre había sido detenido y cayó preso bajo acusaciones de pretender socavar el orden económico del país con una página web sobre información acerca del mercado de divisas en Venezuela.
Su caso fue mencionado en reportes de organismos internacionales sobre violaciones de derechos humanos.
Marrón invocó la ley que permite a ciudadanos estadounidenses víctimas de organizaciones terroristas fuera del país demandarlas en tribunales estadounidenses, alegando que el Gobierno de Maduro y los militares que dirigen presuntamente el Cartel de los Soles tienen relaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que son consideradas terroristas en EE. UU.
No es la primera vez que miembros del poder en Venezuela son condenados bajo esa ley anti-terrorista de EE. UU.
La familia del concejal opositor venezolano Fernando Albán, que murió en 2018 estando preso en Caracas (Venezuela), demandó en Miami (Florida, EE. UU.) al presidente venezolano, Nicolás Maduro, otras autoridades de Venezuela y a la guerrilla colombiana FARC por «daños y perjuicios».
Un tribunal los condenó en 2022 a pagar 73 millones de dólares a los Albán.
Albán fue detenido el 5 de octubre de 2018 a su regreso al país desde Estados Unidos bajo la acusación de estar implicado en el atentado con drones durante un desfile militar en el que participaba Nicolás Maduro el 4 de agosto de 2018.
Murió tres días después de ingresar en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas debido a un suicidio según la versión oficial, que fue ampliamente rechazada.
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