A nueve días de posesionarse como embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti reveló que la cooperación judicial entre ambos países ya está activa.
Se trata de un paso enorme en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con el vecino país, una de las propuestas fuertes del presidente Gustavo Petro durante la campaña electoral.
Entre otras cosas, abre la posibilidad de que se cumplan procesos de extradición entre los dos países.
Una de las directas afectadas por esta decisión bilateral sería la excongresista del Partido Conservador, Aída Merlano, quien se encuentra prófuga de la justicia en Venezuela.
Merlano es una ficha clave para la justicia colombiana, no solo por lo que debe, sino por lo que sabe. Desde Venezuela ha salpicado a varios pesos pesados de la política con las declaraciones que le ha dado a la Corte Suprema de Justicia.
Pero la reanudación de las relaciones también se da por intereses del lado venezolano. En Colombia hay hay varios ciudadanos del vecino país que son perseguidos políticos y podrían ser pedidos por el régimen de Nicolás Maduro.
Esto, sin embargo, podría no aplicar para quienes se encuentren en condición de refugiados, según ha dicho el propio presidente Gustavo Petro.
De hecho, el mandatario frenó en seco las pretensiones del diputado venezolano Diosdado Cabello, quien dijo que varios venezolanos debían regresar a pagar sus cuentas pendientes con la justicia de ese país.
«Colombia garantiza el derecho de asilo y el refugio», fue la respuesta de Petro.
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