Un grupo de adquirentes y beneficiarios de contratos de financiamiento vehicular se concentró frente a la sede de la firma Servicios, Bienes y Moto (Servimoca), ubicada en la Torre Caura del sector Alta Vista en Puerto Ordaz, para denunciar la presunta comisión de estafa agravada e incumplimiento de obligaciones contractuales.
La manifestación se produjo tras hallar la oficina comercial cerrada y ante la evasiva sistemática de los representantes legales de la compañía para la entrega formal de las unidades.
De acuerdo con los testimonios recabados, la empresa capta clientes bajo la modalidad de venta programada y financiamiento a cuotas en divisas, exigiendo el desembolso de entre el 60 % y el 100 % del valor total del vehículo de dos ruedas para proceder a la adjudicación. Sin embargo, a la fecha, los directivos de la firma no han ejecutado las entregas ni han dado respuesta sobre la localización de los fondos invertidos.
Pagos ejecutados y vencimiento de plazos contractuales
Las víctimas expusieron documentos y comprobantes de pago que acreditan la solvencia de sus compromisos financieros. Tal es el caso de la adquirente Milys Coa, quien canceló 16 cuotas consecutivas de $ 75 sin que la representación jurídica concrete la asignación de la unidad: «El compromiso fijaba la entrega inmediata al completar esa suma, pero han incurrido en dilaciones indebidas con la constante posposición de los plazos».
Por su parte, Douglas Saracaba denunció haber cubierto la totalidad de un plan de 25 giros de $ 100 para la adjudicación de una motocicleta tipo enduro, sin recibir el bien ni la devolución del capital invertido.
«Somos más de 90 adquirentes perjudicados desde el año 2024 bajo este mismo esquema. En mi caso, firmé una acta de compromiso el pasado 22 de junio de 2026 con fecha tope de entrega para el 22 de agosto. Transcurrió un mes adicional y la representación legal, encarnada por el abogado de la firma, se limita a enviar comunicados e informaciones contrapuestas atribuyendo el retraso a fallas de origen en las concesionarias», sostuvo Saracaba.
Un caso similar registra el afectado Carlos Pechín, quien transfirió 15 cuotas equivalentes a la inicial pactada. Pechín señaló que la vocería jurídica de la empresa justificó inicialmente los retrasos alegando alianzas comerciales con terceros y adjudicación de créditos, para posteriormente rescindir de forma unilateral dichos argumentos y congelar las entregas.
Exigen intervención del Cicpc y del Ministerio Público
Ante la falta de respuesta en la vía administrativa, la representación de los afectados acudió a las sedes de los órganos de investigación penal en la región para interponer la denuncia formal por presunta delincuencia organizada y fraude continuado. Sin embargo, denunciaron trabas procedimentales en la recepción de las actas en la Delegación Municipal Ciudad Guayana del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
En ese sentido, hicieron un exhorto público al director nacional del organismo policial, comisario general Douglas Rico, a fin de que ordene el inicio inmediato de las averiguaciones y supervise la actuación de los despachos receptores.
Asimismo, instaron al Ministerio Público a dar celeridad a las causas consignadas meses atrás, al advertir que la inacción institucional permite la continuidad de operaciones bajo distintas razones sociales y la eventual insolvencia sobrevenida de la empresa imputada.
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