La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) exigió este jueves la apertura de una investigación imparcial sobre las circunstancias que rodearon el deceso de tres mujeres privadas de libertad, ocurridos durante el mes de septiembre en distintos centros de reclusión del país.
A través de un comunicado oficial, la organización detalló la secuencia de los fallecimientos reportados. El 19 de septiembre se registró el deceso de Carmen Rodríguez, de 66 años, a causa de un infarto agudo de miocardio. Cinco días después, el 24 de septiembre, falleció Tomasa Sánchez, de 72 años, producto de un paro cardiorrespiratorio.
El tercer caso corresponde a Eleiner Sánchez, exfuncionaria penitenciaria y cualificada como presa política, quien murió el pasado lunes «debido a una obstrucción intestinal severa», de acuerdo con las denuncias consignadas por la organización política Vente Venezuela.
Exigen esclarecer posibles omisiones en la custodia médica
Frente a la acumulación de casos en un breve lapso, la representación del OVP enfatizó la responsabilidad institucional del Ejecutivo nacional sobre la población carcelaria. «Tres muertes en un mismo mes obligan a mirar más allá de las cifras. En Venezuela, más de 2.300 mujeres se encuentran privadas de libertad en anexos femeninos penitenciarios, y cada una de ellas está bajo custodia de las autoridades que tienen la responsabilidad de garantizar su vida, integridad y salud», subrayó el organismo.
En ese sentido, la ONG demandó una «investigación inmediata, exhaustiva e imparcial» que permita precisar el protocolo de atención médica administrado a cada reclusa, los antecedentes del cuadro clínico y la eventual existencia de negligencia o denegación de asistencia por parte de los funcionarios custodios.
Llamado urgente al Ministerio para el Servicio Penitenciario
La organización de derechos humanos hizo un emplazamiento directo al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario a fin de corregir las deficiencias en las dependencias carcelarias y calabozos policiales del país.
El OVP instó al despacho gubernamental a «garantizar atención médica oportuna y adecuada a las mujeres privadas en cárceles o calabozos policiales de Venezuela, especialmente las que requieren seguimiento médico o enfrentan una emergencia de salud», advirtiendo sobre el riesgo latente para las internas que padecen patologías crónicas o no asistidas.
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