La investigación judicial en torno a la aerolínea Plus Ultra, por la cual se encuentra imputado el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, apunta a que la trama pudo haber intervenido en decisiones estratégicas públicas de alto nivel. Entre estas actividades se investiga la liberación de presos en Venezuela y la presunta participación de agentes del Cuerpo Nacional de Inteligencia (CNI) en el operativo de salida del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia hacia España.
Así lo detalla el magistrado José Luis Calama en un reciente auto judicial. En dicha resolución, el juez ha ordenado la detención del expresidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y del empresario Julio Martínez Martínez, señalado como presunto «testaferro» de Zapatero. El expresidente socialista fue imputado formalmente la semana pasada por tres delitos relacionados con el tráfico de influencias.
Las anotaciones de la agenda negra
El nexo entre las operaciones diplomáticas y la aerolínea fue hallado en una agenda de color negro con la serigrafía de ‘Plus Ultra, Líneas Aéreas’, incautada durante uno de los registros policiales. El documento contiene anotaciones manuscritas que, a juicio del instructor, «revelan una posible intervención en decisiones estratégicas de carácter público».
El auto del magistrado menciona de forma explícita que los apuntes relacionan las gestiones de la empresa con la excarcelación de prisioneros en el país caribeño y con el despliegue del CNI para lo que describe como «la repatriación de Edmundo González».
El contexto del traslado diplomático
Edmundo González Urrutia fue trasladado a España en septiembre de 2024 a bordo de un avión de las Fuerzas Aéreas españolas, luego de haber permanecido varios días bajo resguardo en la residencia de la Embajada de España en Caracas.
En su momento, la operación se gestionó por los canales oficiales: el Gobierno español dispuso los recursos materiales y diplomáticos para el viaje, mientras que las autoridades de Caracas otorgaron el salvoconducto correspondiente para que el dirigente pudiera abandonar el recinto diplomático.
Tras su aterrizaje en Madrid, el opositor inició las gestiones de asilo político, beneficio que le fue concedido posteriormente por el Estado español. La justicia ahora intenta determinar si la red empresarial de Plus Ultra operó de forma paralela u oculta en este y otros movimientos estatales.
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