La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia detalló que 20 presos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) conocida como El Helicoide padecen covid-19, luego de que se aplicarán pruebas PCR a todos los detenidos tras la muerte del general Raúl Isaías Baduel.

La abogada Ana Leonor Acosta, integrante de la Coalición, y el exvicefiscal Zair Mundaray confirmaron la información. Tres de los detenidos con covid-19 son los activistas de la ONG Fundaredes Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar de Dios García.

Mundaray destacó que algunos de los detenidos presentan síntomas leves y otros están bajo observación. «Pero no existe ningún protocolo de atención allí. Me denunciaban que incluso funcionarios del mismo Sebin están enfermos y solo les llevan acetaminofén y aspirinas».

El abogado dijo que la única previsión tomada por las autoridades es que cualquier preso que necesite oxígeno será trasladado a la sede de Plaza Venezuela, pues allí cuentan con este tipo de equipos.

La sede del Sebin Helicoide alberga tanto a presos por razones políticas como por delitos comunes. Hace unas semanas pasó al control del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, tras el decreto presidencial que ordena el desalojo de centros de reclusión no aptos para mantener a detenidos, incluyendo este organismo, algunas sedes del Cicpc y la Dgcim.

Tras la muerte del general Baduel el pasado 12 de octubre por presunto covid, y que su familia pone en duda, fue que se aplicaron las pruebas a los detenidos. Además, las autoridades -en este caso la Fiscalía General- informó que algunos presos ya cuentan con la primera dosis de la vacuna anticovid-19.

El abogado Zair Mundaray criticó que en el caso de general Baduel se haya informado como causa de muerte un diagnóstico por covid-19 cuando en el Sebin no se habían hecho pruebas para descartar la enfermedad entre los detenidos. Además recordó que es responsabilidad del Estado preservar la vida y la salud de los privados de libertad y toda aquella persona bajo su custodia.

«Esto es una actitud dolosa. Mantienes a las personas aisladas y sin que puedan ser atendidas. Las consecuencias son responsabilidad del Estado y quienes dirigen estos recintos al no tomar medidas elementales como una medicación adecuada, contar con oxígeno en el caso que lo requieran e incluso traslados a centros hospitalarios o donde corresponda para ser atendidos. Estos son crímenes de Estado», afirmó el exvicefiscal.