El alcalde de la ciudad boliviana de El Alto, Eliser Roca, pidió públicamente este miércoles al presidente de la República, Rodrigo Paz, no aplicar un estado de excepción que supondría un inmediato despliegue militar para controlar los bloqueos de carreteras que afectan al país desde hace seis semanas. La solicitud busca evitar pérdidas humanas similares a las ocurridas en las crisis sociales de 2003 y 2019.
«Le pido públicamente que no persigan más a nuestros dirigentes para apresarlos. No reprima a mi pueblo alteño y no emita el decreto de excepción. El diálogo es el mejor camino», manifestó Roca durante un acto oficial celebrado junto al jefe de Estado en la casa de Gobierno en La Paz.
En dicho evento, ambos líderes firmaron un convenio destinado a poner en marcha planes de desarrollo para El Alto, la segunda urbe más poblada de Bolivia y vecina de La Paz, donde se concentran desde inicios de mayo las protestas de sindicatos campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del expresidente Evo Morales.
Fantasma de las crisis de 2003 y 2019
El alcalde Roca recordó que en los conflictos del pasado los ciudadanos alteños entregaron sus vidas en defensa de la democracia y los recursos naturales. Hizo alusión directa a la llamada «guerra del gas» en 2003, que dejó más de 60 fallecidos por oponerse a la exportación de hidrocarburos, y a la posterior crisis postelectoral de 2019, que también sumó víctimas mortales en esa jurisdicción.
«¿Qué hemos recibido a cambio?. Nada. Solo hemos sido escaleras», lamentó la autoridad municipal, reafirmando su rotundo rechazo a que se derrame una sola gota más de sangre en el marco de las manifestaciones.
Por su parte, el presidente Rodrigo Paz destacó la importancia de mantener canales de comunicación, pero ratificó la vigencia de la recién promulgada ley de Regulación de Estados de Excepción para enfrentar a quienes irrumpan la tranquilidad nacional, aunque aclaró que todavía no ha emitido el decreto reglamentario para su ejecución.
Acusaciones de narcoterrorismo en las protestas
El mandatario nacional argumentó que los cierres de vías asfixian la economía local. «El bloquear es una suerte de morir. El bloqueo mata a El Alto porque su negocio y su forma de sacar adelante a sus familias es producir y generar comercio», enfatizó Paz, señalando que facciones de extrema izquierda y extrema derecha pretenden imponer visiones políticas a la fuerza.
Asimismo, el gobernante aseguró firmemente que no dejará pasar al «narcoterrorismo», denunciando que detrás del financiamiento de las movilizaciones se encuentran redes del narcotráfico vinculadas a organizaciones internacionales.
Mientras el acto institucional se desarrollaba, de forma paralela en el centro histórico de La Paz volvieron a marchar diversos sectores civiles que exigen de manera formal la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien apenas cumple siete meses al frente del Gobierno.
El saldo de seis semanas de paralización
La prolongación de los conflictos viales ha provocado un severo desabastecimiento de alimentos de primera necesidad, combustibles y medicamentos en las principales capitales del país.
Los reportes macroeconómicos cifran las pérdidas materiales por encima de los 2.300 millones de dólares. En el plano humano, la crisis ya registra al menos diez personas fallecidas, incluyendo a siete ciudadanos que perdieron la vida al no poder ser trasladados a centros asistenciales debido a los obstáculos y barricadas en las autopistas nacionales.
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