Familiares y activistas de la organización no gubernamental Surgentes denunciaron este jueves el grave deterioro de la salud que sufre un grupo de más de 60 detenidos en Venezuela, entre los cuales se encuentran 19 ciudadanos de nacionalidad colombiana. Los prisioneros están acusados por el Estado de formar parte de los denominados ‘Tancol’, un acrónimo oficial utilizado para catalogar a los «terroristas armados narcotraficantes colombianos».
Durante una concentración pacífica frente a la sede principal del Ministerio Público en Caracas, los portavoces de la ONG alertaron sobre las patologías específicas que afectan a los internos, derivades de la falta de atención médica oportuna y el hacinamiento.
«Tenemos una lista de 17 personas con problemas de salud, algunos muy graves. De manera general, todos los detenidos por esta causa tienen afecciones físicas y cuadros severos de ansiedad, a la vez que permanecen en unas condiciones de reclusión que no son las adecuadas», afirmó Antonio González Plessmann, miembro de Surgentes, detallando que las patologías más comunes abarcan enfermedades cutáneas crónicas y afecciones gástricas severas.
Exigencia de medidas humanitarias y celeridad procesal
Ante la vulnerabilidad de los reclusos, los defensores de derechos humanos señalaron que al menos 17 de los internos cumplen con los requisitos legales para optar de forma inmediata a una medida sustitutiva de libertad por razones humanitarias. Los parientes acudieron a la Fiscalía con el propósito de exigir celeridad procesal, puesto que la mayoría de los acusados acumula entre cuatro y cinco años en prisión preventiva.
Los allegados aseguran que se trata de juicios viciados e injustos, fundamentados en acusaciones falsas, y sostienen que los implicados no poseen ningún tipo de relación con grupos delictivos transfronterizos. González Plessmann denunció además que varios de los detenidos ingresaron siendo menores de edad y cumplieron la mayoría de edad tras las rejas. De una base de datos documentada de 67 casos particulares, la ONG registra que únicamente dos personas han logrado recuperar su libertad, aunque estiman que la cifra real de procesados bajo esta modalidad supera los 200 ciudadanos.
El uso de falsos positivos en la política de seguridad
La organización Surgentes cuestionó severamente el trasfondo político e institucional de estas detenciones masivas en las regiones limítrofes del país. Según el análisis de la organización, la implementación de la categoría ‘Tancol’ respondió a una estrategia selectiva del aparato de seguridad estatal.
El activista remarcó que el término se diseñó para justificar el combate contra cualquier organización armada que rivalizara con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo guerrillero con el que presuntamente existían alianzas en la frontera. En el marco de esos despliegues militares, las fuerzas del orden terminaron arrestando a una gran cantidad de civiles ajenos al conflicto con el único fin de abultar las estadísticas oficiales y exhibir supuestos éxitos en los planes de seguridad ciudadana.
Perfil de las víctimas y el nuevo escenario político
La mayoría de los afectados por estas detenciones corresponden a personas en situación de extrema pobreza y con altos niveles de exclusión geográfica, debido a que residen en los caseríos y poblaciones más apartadas de la línea fronteriza.
Los detalles de estos expedientes comenzaron a salir a la luz pública durante los últimos meses, favorecidos por el nuevo contexto político y social que experimenta Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de las autoridades de Estados Unidos.
Los familiares explicaron que habían guardado silencio durante casi un lustro por temor a represalias directas y por la falta de recursos económicos para movilizarse e instaurar las denuncias en la capital de la república. Ante la complejidad binacional del caso, la ONG ya ha solicitado formalmente al Gobierno de Colombia que interceda diplomáticamente por sus connacionales.
¡Síguenos en nuestras redes sociales y descargar la app!
