Las condiciones críticas de infraestructura en el Centro de Atención Integral para Personas con Autismo (CAIPA), ubicado en el sector UD-145 de San Félix, han encendido las alarmas debido al inminente riesgo sanitario y físico que corren el personal docente, administrativo y una matrícula de casi 600 estudiantes de educación especial.
La edificación padece de severas filtraciones crónicas y acumulación de humedad en pasillos, oficinas y aulas de clase, lo que ha generado una proliferación descontrolada de hongos y un olor fétido constante. Adicionalmente, el agua de lluvia ha penetrado en los sistemas de cableado eléctrico de alta tensión, provocando constantes cortocircuitos y chispas en los sistemas de iluminación de las aulas, lo que representa un peligro latente de electrocución o incendio.
Desatención oficial frente al derecho a la salud
A pesar de los riesgos físicos evidentes, las directrices del Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa, (CDCE), antigua Zona Educativa y del Ministerio del Poder Popular para la Educación exigen mantener la continuidad de las actividades escolares. Bajo el argumento de garantizar el derecho a la educación, la comunidad denuncia que se está vulnerando de forma flagrante el derecho a la salud y a la vida de los menores y del profesorado.
Actualmente, de las 13 aulas con las que cuenta el plantel, solo ocho se encuentran operativas en condiciones deplorables. La crisis del sistema de tuberías mantiene clausurada la mayoría de las salas sanitarias. El complejo educativo solo cuenta con dos baños operativos; uno en la parte baja para los alumnos y otro en el área cercana a la Dirección que debe ser compartido de forma masiva por niños, niñas, docentes, personal obrero y visitantes. Los sanitarios restantes presentan lavamanos destruidos, piezas tapadas, cerámicas desprendidas y agua de lluvia represada.
Responsabilidades y solicitudes de inspección legal
La problemática no se limita al CAIPA, sino que afecta de igual forma a las instituciones vecinas que comparten el eje formativo: el Preescolar Roraima y el Centro de Desarrollo Infantil, antiguo CENDA. Este complejo de infraestructura acumula más de 60 años desde su fundación y carece de planes de mantenimiento preventivo o correctivo, lo que ha provocado que la maleza exterior y árboles de gran envergadura amenacen con desplomarse sobre los techos deteriorados.
Frente a la falta de respuestas a los numerosos informes técnicos introducidos, los padres y representantes responsabilizan directamente al director del CDCE en el estado Bolívar, profesor Emilio Aguilar, y a Didiel Guerra, jefe del área educativa en el municipio Caroní, ante cualquier eventualidad o afección respiratoria que sufra la población infantil.
Finalmente, la comunidad organizada extendió un llamado urgente a la Dirección de Salud Pública regional para una evaluación sanitaria, así como al cuerpo de inspectores de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, (LOPCYMAT) para que fiscalice las condiciones inhumanas e inseguras en las que se obliga a ejercer sus labores al personal docente y demás trabajadores.
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