Caracas- La ONG venezolana Alimenta La Solidaridad, que reparte almuerzos en los barrios pobres del país suramericano, denunció este miércoles el allanamiento de su sede en Caracas, así como la congelación de sus cuentas bancarias, una acción que calificó como un «hostigamiento».
«Denunciamos que, desde el pasado 20 de noviembre, una delegación identificada como la Policía Nacional Contra la Corrupción allanó nuestra antigua sede (…). También (…) fueron congeladas todas nuestras cuentas bancarias», dijo Alimenta La Solidaridad en un comunicado.
«Estas acciones comprometen seriamente las operaciones de nuestros comedores y ponen en riesgo la atención a más de 25.000 niños venezolanos y sus familias», prosiguió la oenegé.
La decisión de congelar las cuentas bancarias, explicó, fue ordenada por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), el ente que regula la banca en Venezuela.
Además, la Policía Nacional Contra la Corrupción allanó la vivienda de los padres del fundador de la ONG, Roberto Patiño, un militante del partido político opositor Primero Justicia.
Las autoridades venezolanas no han informado sobre los motivos que condujeron al allanamiento.
Tampoco lo hizo Alimenta La Solidaridad, aunque sí apuntó que las medidas afectan a otra organización sin fines de lucro, Caracas Mi Convive -enfocada en disminuir los índices de violencia en Caracas-, también fundada por Patiño.
«El hostigamiento en nuestra contra y de aquellas instituciones aliadas busca criminalizar las actividades de ayuda y asistencia a las comunidades, amenazando a miles de familias, líderes y mujeres comprometidos con trabajar por su comunidad», agregó la ONG.
En el comunicado, Alimenta La Solidaridad y Caracas Mi Convive aseguraron estar dispuestos a colaborar con cualquier investigación que adelanten las autoridades sobre sus «actividades sociales» en el país.
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) denunció en julio pasado que solo en el primer semestre de este año se produjeron en Venezuela al menos 109 ataques contra ONG y activistas de derechos humanos.
«El Estado venezolano continúa agrediendo a quienes defienden derechos humanos bajo la lógica del enemigo interno», señaló entonces el CDJ en un informe.
En el mismo documento, el CDJ exhortó a que se investigue y sancione a los responsables de cometer estas agresiones, toda vez que «el derecho a defender se ha convertido en una labor de alto riesgo» en el país sudamericano.
EFE
¡Síguenos en nuestras redes sociales y descargar la app!
