Amnistía Internacional (AI) reveló en su informe anual que durante 2025 persistieron en Venezuela crímenes de lesa humanidad y una represión generalizada contra la disidencia política.
Según la ONG, el gobierno de Nicolás Maduro utilizó el aparato del Estado y grupos de civiles armados para silenciar a opositores, periodistas y defensores de derechos humanos. Si bien se registró un número menor de detenciones arbitrarias en comparación con 2024, la organización subrayó que la práctica de encarcelar por motivos políticos se mantuvo como una política de castigo.
El documento alerta sobre una impunidad «prácticamente total» ante las denuncias por violaciones de derechos humanos. AI documentó casos de desaparición forzada de personas detenidas entre 2024 y 2025. Asimismo, recordó incidentes internacionales de gravedad, como la devolución desde El Salvador de 252 venezolanos que permanecieron desaparecidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) tras ser trasladados desde Estados Unidos. También se mencionaron ejecuciones extrajudiciales en operativos estadounidenses contra embarcaciones en rutas de narcotráfico.
Deudas sociales y crisis ambiental
Más allá del ámbito político, el informe destaca la falta de avances en la protección de poblaciones vulnerables. Los derechos de la comunidad LGBTIQ+, así como los derechos sexuales, reproductivos y de los pueblos indígenas, carecieron de garantías durante el periodo reportado. En materia ambiental, AI alertó sobre la devastación causada por la minería ilegal en el sur del país, denunciando la opacidad oficial y la ausencia de datos confiables sobre el impacto ecológico de esta actividad.
El balance de Amnistía Internacional se centra exclusivamente en lo ocurrido durante 2025, por lo que no abarca el cambio drástico ocurrido tras la intervención militar de EE. UU. el 3 de enero de 2026 y la captura de Nicolás Maduro. Bajo la actual gestión de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, Venezuela ha iniciado un proceso de reanudación de relaciones con la administración de Donald Trump y la implementación de una Ley de Amnistía que ha permitido la liberación de más de 8.000 personas, incluyendo a figuras emblemáticas como Rocío San Miguel y Javier Tarazona.
Apertura económica y reformas
En paralelo al alivio de sanciones internacionales, la presidencia encargada ha impulsado nuevas leyes de hidrocarburos y minería. Estas reformas buscan revertir la crisis económica mediante la apertura de sectores estratégicos a la inversión privada y extranjera, marcando una ruptura con las políticas económicas del gobierno anterior y buscando estabilizar la producción nacional bajo un nuevo marco de cooperación internacional.
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