Amnistía Internacional (AI) considera que existen «señales de alivio» en Venezuela durante los últimos meses, evidenciadas en las excarcelaciones y en el levantamiento de restricciones a ciertos medios de comunicación. Sin embargo, la organización sostiene que estas medidas no representan un «cambio estructural» en el país.
Así lo afirmó la representante de Amnistía Internacional Venezuela, Clara del Campo, durante una entrevista en Madrid. Del Campo respaldó las conclusiones presentadas la semana pasada por la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, subrayando que «las estructuras, las prácticas y los integrantes de la política de represión del Gobierno venezolano se mantienen prácticamente intactas».
Excarcelaciones condicionadas y sin libertad plena
«Los hechos estructurales no nos permiten hablar de un cambio significativo», denunció la representante. Explicó que existen «pequeños ajustes que representan señales de alivio», como la liberación progresiva de cientos de personas desde el pasado 8 de enero; no obstante, advirtió que la gran mayoría continúa bajo procesos penales abiertos.
«En la medida en que estos cambios dependen de la voluntad y discrecionalidad de las autoridades, y no del cumplimiento de las obligaciones internacionales, no podemos ser optimistas», señaló Del Campo.
La representante, quien participó la semana pasada en el periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, coincidió con el informe en que no se ha registrado una transformación profunda en el país tras la operación militar de EE. UU. del 3 de enero, en la que fue capturado Nicolás Maduro.
Mantenimiento del aparato represivo y violaciones de derechos humanos
Amnistía Internacional mantiene su preocupación por las «cerca de 400 personas que continúan detenidas arbitrariamente por motivos políticos», de las cuales varias no reciben la atención médica urgente que requieren. Asimismo, alertó sobre la vulnerabilidad de los liberados bajo la administración de Delcy Rodríguez, dado que sus procesos judiciales no han sido anulados.
«Nos preocupa que el marco legal, la arquitectura y el aparato represivo permanezcan absolutamente intactos», sostuvo Del Campo. La vocera hizo referencia a la falta de reformas en organismos como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) o la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), e incidió en el señalamiento de la ONU de que «al menos 19 señalados como perpetradores de crímenes de lesa humanidad siguen en el poder».
Posturas encontradas ante el informe de la ONU
El informe de la misión de la ONU denunció la continuidad de las detenciones arbitrarias, las torturas a prisioneros y otras violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Además, el documento vinculó a por lo menos 12 altos cargos del Gobierno interino con crímenes de lesa humanidad o abusos graves.
Por su parte, el Gobierno venezolano defendió este viernes los avances en materia de derechos humanos logrados en lo que va de año, destacando la promulgación de la ley de amnistía y la liberación de 8.743 personas. Con base en estos argumentos, las autoridades venezolanas solicitaron formalmente que no se renueve el mandato de la Misión Internacional de la ONU.
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