El Parlamento Europeo urgió este jueves al Consejo de la Unión Europea a mantener las sanciones contra los responsables de violaciones de derechos humanos en Venezuela. La Eurocámara sostiene que estas medidas no deben levantarse hasta que el país adopte «medidas significativas hacia una transición pacífica a la democracia».
La resolución, aprobada con una contundente mayoría de 507 votos a favor, 31 en contra y 35 abstenciones, subraya tres condiciones irrenunciables:
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La liberación incondicional de todos los presos políticos.
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La anulación de cargos judiciales contra la oposición democrática.
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El establecimiento de una hoja de ruta creíble para celebrar elecciones libres y justas.
Consenso frente a la reducción gradual El texto fue impulsado originalmente por populares, conservadores y liberales. No obstante, logró sumar el apoyo de socialdemócratas y otros grupos progresistas, a pesar de que se rechazaron enmiendas que proponían una reducción gradual de las sanciones —postura que favorece el Gobierno de España— o que condenaban la injerencia de Estados Unidos.
Críticas a la Ley de Amnistía Los eurodiputados lamentaron que el actual proceso de amnistía en Venezuela sea insuficiente, señalando que aún existen al menos 470 personas detenidas injustamente en condiciones inhumanas. Criticaron la «aplicación discriminatoria» de la ley y advirtieron de que esta no debe utilizarse, bajo ningún concepto, para garantizar impunidad a quienes hayan cometido violaciones de derechos humanos.
Exigencia de reformas estructurales Para la Eurocámara, es imperativo que el régimen ponga fin a la represión y reforme profundamente las instituciones judiciales, policiales y electorales. Esto incluye el cierre definitivo de centros utilizados para la detención arbitraria y la tortura.
Finalmente, la resolución surge en un contexto de debate interno en la UE. En febrero, la Alta Representante para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, planteó la posibilidad de levantar sanciones contra figuras como Delcy Rodríguez, una propuesta alineada con los intereses de España que, por el momento, no cuenta con el respaldo del Legislativo europeo.
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