El juez de la Audiencia Nacional española José Luis Calama aplazó a los días 17 y 18 de junio la declaración del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la investigación donde lo sitúa como presunto «vértice» de una trama de tráfico de influencias en beneficio de la aerolínea Plus Ultra.
Calama dictó una providencia en la que atiende la petición formulada por la defensa del también exlíder socialista, que había solicitado aplazar su comparecencia, prevista para el 2 de junio, debido a la extensión del sumario, al que no tuvo acceso hasta el lunes.
En una resolución de la pasada semana, el juez destacaba el presunto «liderazgo» de Zapatero, presidente del Gobierno español de 2004 a 2011, en la supuesta red de tráfico de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente la concesión de un préstamo de 53 millones de euros de dinero público para el rescate de la aerolínea Plus Ultra en 2021, a cambio de beneficios económicos.
Calama lo citaba como investigado para el próximo 2 de junio, en la primera vez que un juez acordaba investigar a un expresidente del Gobierno.
Cargo de Zapatero: tráfico de influencia
El juez considera que los beneficios económicos de esa red de tráfico de influencias «habrían canalizado» hacia el expresidente y su «entorno más próximo».
Según la tesis del magistrado, el expresidente del Gobierno y también antiguo líder socialista aportaría sus «contactos institucionales y empresariales de alto nivel» de cara a conseguir decisiones y ventajas a favor de terceros, esencialmente Plus Ultra.
En torno a esta estructura, el juez sostiene que se construyó todo un entramado de empresas -algunas instrumentales y sin actividad real- para canalizar los supuestos beneficios a través de una simulación de servicios de asesoramiento.
En la causa, centrada en un presunto delito de tráfico de influencias, el juez también ve indicios de otros, como blanqueo y organización criminal.
Tras su imputación judicial, Zapatero aseguró en un vídeo que «jamás» había hecho gestiones ante ninguna administración pública ni sector público en relación con el rescate de la aerolínea y dijo que defenderá su inocencia.
Este caso está provocando una auténtica tormenta política en España, donde la oposición conservadora exige la convocatoria de elecciones y los partidos políticos que apoyan en el Parlamento al Gobierno, que no tiene mayoría, exigen explicaciones al presidente del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez.
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