Bogotá.-La audiencia para iniciar el juicio contra Francisco Luis Correa Galeano, acusado de ser el supuesto cerebro del asesinato de fiscal paraguayo antimafia Marcelo Pecci ocurrido en mayo pasado en Colombia, fue aplazada y se realizará el 20 febrero de 2023, informaron este jueves fuentes cercanas al caso.
«Como quiera que el volumen de los elementos dados en traslado por la Fiscalía Delegada para el presente caso es tan voluminoso, la defensa y su equipo aún no han terminado de analizar los mismos (…) y para la fecha de la audiencia 24/11/2022, no será posible estar listos», dijo la defensa en la solicitud que fue acogida por Luis Machado, juez cuarto penal del circuito de conocimiento de Cartagena de Indias.
Pecci, uno de los fiscales antimafia más importantes de Paraguay, fue asesinado por sicarios que se movilizaban en una moto acuática cuando estaba de luna de miel en la playa de un hotel en la isla de Barú, cercana a Cartagena de Indias, el 10 de mayo pasado.
La defensa de Correa explicó en un memorial dirigido al juez que este aplazamiento, el segundo que pide, no puede considerarse una «maniobra dilatoria, ya que no lo es y, en cambio, sí una labor propia de la defensa».
Por su lado, el apoderado de la familia Pecci, el abogado Francisco Bernate, dijo que la audiencia será el 20 de febrero de 2023.
La Fiscalía colombiana acusó formalmente en agosto pasado a Correa Galeano por el asesinato del fiscal Pecci y según Bernate este se declaró inocente en una audiencia previa y debe ir a juicio como presunto «responsable de los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado».
Las autoridades detuvieron en operativos realizados en Medellín el pasado junio a Correa Galeano y otras cuatro personas por el homicidio.
Wendret Carrillo, Eiverson Zabaleta, Marisol Londoño y Cristian Camilo Monsalve Londoño aceptaron los cargos y tras llegar a un acuerdo, un juzgado de Colombia los condenó en junio pasado a más de 23 años de cárcel en una sentencia que inicialmente era de 47 años, pero fue reducida a la mitad después de que los acusados aceptaron los cargos de homicidio y porte ilegal de armas.
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