Concejales del chavismo que integran la mayoría en el Concejo Municipal de Caroní aprobaron este viernes, en segunda discusión, la reforma parcial de la Ordenanza para la recolección de desechos sólidos de Ciudad Guayana.
Según reseña el documento, ahora se determina el modo de gestión del servicio en tres modalidades: por sí mismo; con la descentralización del servicio a las comunidades, y a través de particulares, mediante la contratación pública de concesión del servicio.
Jackeline Jiménez, concejal por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), explicó que en las modificaciones realizadas, se especificaron las competencias que tendrán los prestadores del servicio, mencionando a Supraguayana y Corporación de Servicios Guayana.
«Se ampliaron varios artículos y se definieron muy bien las competencias de los prestadores de servicio, es decir, se blindó la función de cada una de las dependencias que están vinculadas al servicio de aseo urbano», declaró Jiménez en entrevista con el equipo de Nueva Prensa Digital.
La edil destacó que el Instituto Municipal de Gestión y Protección del Ambiente (Improambiente), jugará un papel «rector» en la organización y planificación del servicio, mientras que la ejecución recae en manos de Supraguayana.
Aun así, resaltó que la ordenanza deja abierta la posibilidad de que participen otros prestadores de servicio, de carácter privado.
«La municipalidad tiene la facultad de generar condiciones para dar participación a particulares, bajo la modalidad de concesiones, licitación pública. Quienes a bien quieran participar tienen que ir a un proceso licitatorio que, sin duda, en su debido momento se normará cuáles serán las exigencias», precisó Jiménez.
Salvaron voto
Aunque el bloque del chavismo aprobó por unanimidad la reforma a la ordenanza, el grupo opositor, que salvó su voto, considera que se debió redactar una nueva.
Aliana Estrada, concejal por el partido Primero Justicia, indicó que, a título personal, hizo más de 300 correcciones a la ordenanza, luego de realizar consultas a expertos y a Improambiente.
«Según expertos, tenía que hacerse una nueva, porque esta no tiene estructura funcional y tiene muchos actores que intervienen en el proceso, pero sus roles no están definidos», dijo Estrada.
La concejal hizo mención al interés de la Alcaldía en entregar la concesión del servicio a particulares, sin embargo, dijo que en la Ordenanza no explica de qué manera se hará el contrato. «No dice que se puede hacer a través de licitaciones, expresamente no está», resaltó.
También mencionó la modificación al artículo 14, el cual ahora establece que: «en los inmuebles ubicados en jurisdicción del municipio, se podrá utilizar incineradores a fin de procesar total o parcialmente los desechos sólidos que en ellos se generen, siempre que dichos equipos cumplan con los requisitos mínimos de funcionalidad, de conformidad a la reglamentación nacional existente sobre la materia».
Según definición de la ONG ambientalista internacional, GreenPeace, la incineración es una técnica de tratamiento de residuos que permite reducir su volumen, su peso y modificar su composición, sometida a un proceso de oxidación a elevada temperatura, produciendo así emisiones altamente tóxicas al aire, altamente contaminantes.
«Con eso se está institucionalizando la quema de basura, entonces ahora el ciudadano puede quemar basura», comentó Estrada.
Empresa privada
Estrada considera que detrás de la premura en la aprobación de esta reforma, está la «presión» para ingresar al prestador de servicio que, según sus declaraciones, fue seleccionado a dedo y espera iniciar rápido dada la urgencia de resolver el problema de la basura en la ciudad.
La concejal de oposición espera que, de darse la licitación, sea un proceso claro, participativo y que se busque el que mejor precio-calidad de servicio ofrezca.
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