La Justicia de Argentina solicitó a España la extradición del excoronel venezolano Ephraín Enrique Verdú Torrelles, perteneciente a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), dentro de una causa por delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela que se tramita en los tribunales del país sudamericano.

Según informó este lunes la organización InterJust, la Justicia argentina dictó en febrero pasado la orden de extradición tras recibir información de que Verdú Torrelles se encontraba en territorio español. Posteriormente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina transmitió formalmente la solicitud a las autoridades españolas y, en marzo, el Consejo de Ministros español aprobó la continuación del proceso. Fuentes de InterJust confirmaron que el trámite se encuentra bajo evaluación en el Juzgado de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional de España.

Jurisdicción universal contra los abusos en Venezuela

Desde 2023, la Justicia argentina tramita una causa por crímenes de lesa humanidad en Venezuela a partir de una denuncia presentada en enero de ese año por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD). El proceso se sustenta en el principio de jurisdicción universal, una herramienta jurídica que faculta a los Estados a investigar y sancionar violaciones graves a los derechos humanos, independientemente de dónde se hayan cometido y de la nacionalidad de los autores o de las víctimas.

En junio de 2023, la Fundación Clooney para la Justicia (CFJ) sumó otra demanda ante la Justicia Federal de Argentina para exigir la investigación de los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad del país caribeño. Esta segunda iniciativa se concentró de forma específica en el homicidio de dos ciudadanos venezolanos.

Identificación de las víctimas de la represión de 2014

InterJust, organización que relevó este año a la CFJ en la representación legal de los querellantes, reveló este lunes que una de las víctimas que fundamenta la causa es Rosa Orozco, madre de Geraldin Moreno Orozco. La joven, una estudiante y jugadora de fútbol sala de 23 años, fue asesinada por efectivos de la GNB en febrero de 2014 en el estado Carabobo mientras participaba en una manifestación ciudadana. Según los registros del caso, Verdú Torrelles se desempeñaba entonces como comandante del destacamento de Seguridad Urbana de Carabobo y lideraba el operativo de control de las protestas.

“Llevo más de 12 años luchando para que la muerte de Geraldin no quede impune”, afirmó Rosa Orozco tras conocerse el avance. “Cada avance legal, como este, es también un reconocimiento a su vida, a sus sueños y al derecho de las víctimas venezolanas a obtener justicia”, añadió.

El segundo caso integrado en el expediente corresponde a un ciudadano identificado con las iniciales J.A.M.F., quien el 19 de febrero de 2014 grabó con su teléfono móvil la represión de los cuerpos de seguridad en Caracas. Al ser descubierto, fue perseguido, golpeado severamente por los agentes y trasladado a un centro médico, donde continuaron las agresiones físicas. El joven falleció cuatro días después a causa de los traumatismos sufridos.

Requerimientos de detención internacional

Las denuncias de la FADD y de InterJust se unificaron en el Juzgado Federal N° 2 de Buenos Aires, bajo la dirección del juez Sebastián Ramos y con la intervención del fiscal federal Carlos Stornelli.

En septiembre de 2024, el juez Ramos ordenó la captura internacional con fines de indagatoria de Nicolás Maduro, del ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, de Justo José Noguera Pietri, y de otros trece funcionarios estatales por crímenes de lesa humanidad perpetrados de manera generalizada contra la población civil desde 2014. Tras la detención de Maduro por parte de las autoridades de Estados Unidos el pasado 3 de enero, el magistrado argentino remitió una solicitud formal a Washington el 4 de febrero para requerir la extradición del expresidente hacia Buenos Aires.

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