La reciente captura del exalcalde Adán Fúnez como presunto autor intelectual del asesinato del ambientalista Juan López (ocurrido en 2024) es calificada como «insuficiente» por activistas del municipio de Tocoa, en el departamento de Colón. Pobladores y organizaciones de derechos humanos advierten que el detenido es solo una pieza operativa dentro de un engranaje más profundo que mezcla poder político, intereses económicos de la minería y mafias criminales.
El departamento de Colón es un territorio crítico en Honduras: funciona como corredor del narcotráfico internacional procediente de Suramérica y arrastra un conflicto agrario que genera decenas de muertes.
Amnistía Internacional señala que más del 30 % de los 103 asesinatos de defensores ambientales cometidos en el país entre 2015 y 2025 ocurrieron en esta región, manteniendo una tasa de impunidad del 90 %. Juan López, quien también era concejal por el partido de izquierda Libre y predicador católico, fue acribillado en septiembre de 2024 tras oponerse firmemente a una concesión minera de la empresa Inversiones Pinar en un parque nacional.
Nexos con la élite empresarial
Para los movimientos sociales locales, como la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), las investigaciones deben apuntar a la cúspide de la autoría intelectual. «Adán Fúnez es uno más de los que planearon el asesinato. Los verdaderos interesados en la explotación minera han sido grandes empresarios como Lenir Pérez», denunció Leonel George, miembro de COPA. Pérez enfrenta acusaciones por explotación ilegal de recursos y daños ambientales, aunque la justicia suspendió provisionalmente su orden de captura a inicios de año.
Poder y sospechas de corrupción
Fúnez gobernó Tocoa durante doce años y consolidó un enorme poder político en la región gracias a su cercanía con el expresidente Manuel Zelaya, esposo de la expresidenta Xiomara Castro. No obstante, su gestión estuvo rodeada de denuncias por presunta corrupción —la misma víctima le había exigido la renuncia horas antes de ser asesinada— y constantes señalamientos de vínculos con el narcotráfico. Fúnez permanece recluido en la Penitenciaría Nacional desde su detención el pasado 12 de mayo, mientras el Ministerio Público enfrenta la presión social de desmantelar la red completa involucrada en el crimen.
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