
La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría chavista, aprobó este martes por unanimidad un acuerdo en repudio al cierre de la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en Caracas, anunciado el lunes por el fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang por falta de «progreso real» en materia de complementariedad. Los diputados acusaron al organismo de La Haya de incumplir compromisos de cooperación y de mantener la sede «sin personal operativo».
El Parlamento denunció un «irresponsable incumplimiento» de los memorándums de entendimiento suscritos, al no designar personal ni aportar a la justicia nacional, y calificó las declaraciones de Niang como «instrumentalización política» para ejercer «colonialismo jurídico» contra Venezuela. La diputada Ilenia Medina cuestionó el timing del cierre, coincidente con el «acoso» de EE.UU. en el Caribe, afirmando que la CPI «no quiere ser testigo de una agresión».
Además, la AN criticó el «silencio abrumador» de la CPI sobre el caso Venezuela II, relacionado con presuntos crímenes de lesa humanidad por el «bloqueo económico» y sanciones.
El Gobierno de Nicolás Maduro respaldó la posición, negando crímenes internos y acusando a la Fiscalía de justificar intervenciones externas, pese a que la investigación sobre abusos en el país sigue activa desde La Haya.
La oficina, inaugurada en 2023 tras visitas del exfiscal Karim Khan, buscaba fomentar colaboración técnica, pero la CPI decidió cerrarla para optimizar recursos limitados ante la ausencia de avances en investigaciones nacionales paralelas.
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