Detalle de las manos de dos personas al poner un par de velas junto al retrato del periodista colombiano Cristian Herrera, asesinado este 6 de junio, en Cúcuta (Colombia). EFE/Mario Caicedo

El periodista colombiano Cristian Herrera fue asesinado a tiros en la ciudad de Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander. El comunicador, quien actualmente se desempeñaba como asesor de comunicaciones de la Secretaría de Seguridad de Cúcuta, contaba con un esquema oficial de protección debido a múltiples amenazas de muerte vinculadas a sus investigaciones en la zona fronteriza con Venezuela.

El violento hecho se registró en el sector de Quinta Oriental, donde Herrera fue abordado por un sujeto armado a bordo de una motocicleta. El agresor le disparó a quemarropa en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga con rumbo desconocido.

Reacciones internacionales y perfil profesional

Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lamentó profundamente el suceso y calificó a Herrera como uno de los profesionales que mejor conocía la dinámica de la frontera colombo-venezolana. Vaca recordó que el comunicador fue pionero en documentar el éxodo migratorio, labor que le hizo acreedor de varios galardones periodísticos.

Antes de asumir funciones institucionales, Herrera formó parte de la redacción del diario La Opinión, el medio impreso de mayor relevancia en el departamento. Hace un año, tras la difusión de un listado de periodistas declarados como objetivos por grupos al margen de la ley, el propio reportero manifestó públicamente su rechazo a los intentos de censura.

«Eso es para mandarnos a callar. Yo les dije en mi red social X que a mí no me van a callar con amenazas», declaró Herrera en una entrevista concedida en aquel momento.

Exigencia de justicia ante ola de violencia

La Red Voces del Sur, coalición que agrupa a 17 organizaciones defensoras de la libertad de prensa en América Latina, se unió al rechazo generalizado y subrayó que Herrera había expuesto recientemente presuntos desfalcos y casos de corrupción administrativa en la alcaldía local. La organización recordó que los Estados tienen la obligación jurídica de garantizar la vida de los trabajadores de los medios.

Este crimen agrava la crisis de seguridad para el ejercicio del periodismo en Norte de Santander, recordando el homicidio de Jaime Vásquez, otro reportero enfocado en la veeduría ciudadana y la fiscalización del poder político, quien fue ejecutado bajo una modalidad similar en la ciudad de Cúcuta.

 

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