Quito.- La Asociación Civil Venezuela en Ecuador (AC) apoyó este sábado la decisión de Gobierno de Lenín Moreno de realizar un censo migratorio en el país, una de las medidas adoptadas en torno a la masiva llegada de ciudadanos de esa nación, a la que se suma la próxima solicitud de visado.
En una carta abierta a Moreno y remitida este sábado a la prensa, la AC le agradece el apoyo «en todo lo relacionado a la situación que con dolor sufre» Venezuela y felicita «las acciones tomadas bajo el decreto 826» del pasado 25 de julio.
«Hemos esperado casi un año luego que se visibilizó la realidad de nuestra comunidad en Ecuador, sabemos que es difícil tomar acciones tan extensas, cuando toda la región tiene diferentes acciones sobre este penoso tema migratorio», indica AC.
Se refirió a un decreto en el que se declaró una «amnistía migratoria» que exonerará de multas a todos aquellos venezolanos que no hayan regularizado hasta ahora su situación «y que no hayan violado las leyes del país», previa la aplicación dentro de 30 días de nuevas visas para acceder o permanecer en Ecuador.
La amnistía regirá para todos aquellos venezolanos que «hayan ingresado regularmente a través de los puntos de control migratorio» hasta la fecha de entrada en vigencia del decreto ejecutivo.
Daniel Regalado, presidente de la AC, explicó a Efe que en la carta abierta no mencionan el anuncio de la próxima solicitud de visados «porque desconocemos los parámetros» y por ello se refieren solo a la «regularizacion y el censo».
La AC señala que la comunidad venezolana está «al pendiente de este decreto y su desarrollo o viabilidad para las diferentes situaciones y vulnerabilidades presentes en todo el país».
«Este sería un buen paso para dar orden y generar ciudadanos productivos económicamente, estabilidad social para un mejor proceso de inclusión en este hermoso país que nos recibe», anotó.
Y añadió que, conocedores de que «apenas se inicia el proceso de crear la norma para este decreto» tienen «claro que es una labor muy amplia por el grave crecimiento de la diáspora y falta de mecanismos anteriores».
Por ello, la AC se puso a disposición de las autoridades encargadas para socializar las diferentes realidades que se deben tomar en el ajuste de viabilidad del proceso de regulación.
«Nos preocupa que casos específicos que incluyen los derechos de los niños, niñas y adolescentes, núcleos familiares y situaciones extremas sean excluidas en este proceso», subrayó.
Agregó que tienen «muchas interrogantes por todo lo que representa el decreto 826» que esperan aclararlo a medida que sea socializado, «pues apoyamos una solución para el bienestar del pueblo ecuatoriano y de la comunidad venezolana».
El proceso del censo que comenzará en las próximas semanas y que es propuesto en el decreto «es un buen inicio, entendiendo que no es obligatorio», señala la nota.
Pero recomendó que se realice «un llamado general e inclusivo para evitar poca afluencia por los diferentes temores creados tanto en situaciones desde Venezuela por parte del régimen usurpador y que toda información sensible recopilada sea resguardada».
Por Ecuador han pasado estos dos últimos años más de un millón de migrantes venezolanos, aunque la mayoría han seguido a destinos económicamente más promisorios como Chile o Perú.
De los que se quedaron, el decreto indica que 110.000 «han accedido a una condición migratoria regular».
EFE
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