EFE
Ginebra.- La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió hoy al Gobierno de Venezuela que garantice a los expertos de su oficina que actualmente están en ese país el acceso a los lugares y personas que elijan, sin represalias contra los entrevistados.
«Un equipo técnico de mi Oficina se encuentra actualmente en el país y considero que ésta es una primera medida positiva», destacó Bachelet en una intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, donde señaló que «es esencial que el equipo tenga acceso total y sin restricciones».
También pidió al Gobierno de Nicolás Maduro que no haya represalias «contra ninguna persona que se haya entrevistado o haya tratado de entrevistarse con ellos», sin dar detalles sobre las personas con las que la misión está contactando.
La misión técnica está en Venezuela para estudiar una posible visita de Bachelet, ya que el Gobierno de Maduro le ha extendido una invitación pero el organismo de Naciones Unidas quiere asegurarse de que tendrá libre acceso a opositores y disidentes.
Bachelet informó al Consejo de las novedades que en materia de derechos humanos se han dado en Venezuela durante el último año, periodo en el que según la ex presidenta chilena continúa habiendo una grave crisis que «constituye además un inquietante factor de desestabilización regional».
«Desde junio de 2018, el ejercicio de los derechos sociales y económicos ha seguido deteriorándose continuamente», subrayó Bachelet, quien destacó que las autoridades venezolanas «se han negado a reconocer las dimensiones y la gravedad de la crisis en materia de cuidados médicos, alimentación y servicios básicos».
La alta comisionada indicó por otro lado que las sanciones de Washington a Caracas, que afectan entre otros aspectos la venta de crudo venezolano a EEUU, «pueden contribuir a agravar la situación económica».
Añadió que su oficina continúa investigando las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, con al menos 205 muertes atribuidas a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en 2017 y otras 37 sólo en las protestas del pasado enero, coincidiendo con la autoproclamación del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente de Venezuela.
«La mayoría de estas muertes se han producido según un patrón similar, ocurren durante allanamientos ilegales de domicilio realizados por las FAES, y posteriormente estos órganos notifican el fallecimiento como resultado de una confrontación armada», explicó Bachelet.
«También me inquieta el aumento de las restricciones a la libertad de expresión y de prensa en Venezuela», subrayó la alta comisionada, quien denunció que la «ley contra el odio» aprobada por el régimen en noviembre de 2017 se ha usado arbitrariamente contra periodistas, dirigentes de la oposición y disidentes.
En lo social, Bachelet dijo que los recientes apagones en Venezuela «simbolizan los problemas de infraestructura que afronta el país», donde un millón de niños han dejado de ir a la escuela por problemas económicos de familias y escuelas o por la simple falta de docentes, muchos de los cuales han emigrado a otros países.
«La polarización está agravando una situación ya de por si crítica», concluyó la alta comisionada, quien destacó que «es preciso que se alcance un acuerdo para una solución política».
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