El dirigente y expreso político Daniel Romero acudió este lunes a la sede del Palacio de Justicia en Puerto Ordaz, tras ser notificado de una citación de carácter obligatorio. La comparecencia estuvo marcada por una concentración de apoyo integrada por trabajadores y calificados referentes del sector laboral en la región de Guayana.
Romero explicó que debió suspender temporalmente su recorrido por el estado Zulia, donde impulsa la iniciativa «Bus de la Libertad» para documentar casos y acompañar a familiares de detenidos, tras recibir la orden de presentarse ante los tribunales a las 9:00 de la mañana. Durante la jornada estuvo respaldado por dirigentes sindicales como Rubén González, Ramón Gómez y Ramón Bejarano, entre otros representantes gremiales.
Cuestionamientos a la independencia judicial
En sus declaraciones a las afueras del recinto judicial, Romero denunció la falta de autonomía en el sistema de justicia venezolano. Afirmó que, a lo largo de su recorrido por entidades como Zulia, Táchira, Mérida, Lara, Falcón y Bolívar, ha constatado que jueces y fiscales continúan subordinando sus fallos a directrices políticas.
«Es bastante lamentable que jueces y fiscales todavía se presten a una llamada telefónica», aseveró el activista, enfatizando que la persistencia de detenciones por motivos políticos representa un obstáculo insuperable para cualquier proceso de cambio institucional: «No puede haber democracia, no puede haber transición con presos políticos».
Denuncia de casos regionales y penas militares
El dirigente visibilizó de manera particular la situación de los procesados en la denominada «causa Roraima», en el sur del estado Bolívar. Al respecto, exigió la liberación inmediata de Kimberly María Espaillat Ismael y Osmarly Gabriela Arcia Gil, quienes permanecen privadas de libertad desde hace más de cuatro años en el centro de reclusión de Vizcaíno, junto a otros ocho ciudadanos.
Asimismo, Romero expuso la situación de privados de libertad en recintos como Fuerte Tiuna, Yare I, II y III, El Helicoide, Boleíta y Rodeo I, haciendo referencia a los espacios de aislamiento denunciados por familiares como «congeladores», «la pecera» y «la casa de los sueños». En el ámbito militar, citó las condenas de 18 años impuestas a Ángelo Heredia y de 12 años al comandante del Ejército César Siero, cuestionando la disparidad en los criterios judiciales y preguntando públicamente si existen aplicaciones diferenciadas de la Constitución según el imputado.
Continuidad de la agenda pública
A pesar de la citación de emergencia, Romero aseguró que el accionar del «Bus de la Libertad» se mantendrá activo en todo el territorio nacional. Concluyó afirmando que las presiones judiciales no frenarán sus recorridos ni las denuncias sobre la situación de las personas privadas de libertad por razones políticas en el país.
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