Santa Cruz (Bolivia).- Santa Cruz, la mayor región de Bolivia y el motor económico del país, vive el día 14 de la huelga indefinida exigiendo censo en 2023, en medio de la convocatoria del Gobierno a participar en una mesa técnica que definirá la fecha de esta encuesta nacional.
La huelga indefinida que exige que el censo se realice en 2023 se mantiene, al igual que el «cerco» que no da paso a vehículos ni alimentos en rechazo a esa medida de presión.
Esta situación ha generado la escasez de algunos alimentos en los mercados y la falta de combustible, ya que las cisternas no pueden ingresar a la refinería porque hay un grupo de personas que rechazan la huelga, afines al Gobierno de Luis Arce, que no dejan ingresar a las mismas.
Es así que los vecinos se organizaron para desbloquear las vías y despejarlas para que las cisternas varadas puedan llegar hasta la refinería Guillermo Elder Bell.
Más temprano, la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó en un comunicado que suspendió la salida de cisternas en Santa Cruz «ante la amenaza de que grupos de choque pretenden generar actos de violencia».
Cuando las cisternas empezaron a avanzar, el grupo que rechaza la huelga indefinida ya no estaba en las puertas de la refinería donde realizaban su protesta.
En la mañana de este viernes decenas de cisternas están en las puertas de la refinería esperando ingresar a la misma.
Además, el transporte pesado también cerró vías en carreteras que unen Cochabamba hacia Santa Cruz exigiendo una solución, ya que se ven perjudicados por las medidas de presión y advirtieron con cerrar otras vías si no se logra un acuerdo.
LA MESA TÉCNICA
Esta situación se da a horas de la instalación de una mesa técnica que fijará la fecha definitiva del censo de población y vivienda que se realizará en la tarde de este viernes en la ciudad amazónica de Trinidad.
Entre los sectores convocados están los nueve Gobiernos departamentales, las alcaldías, las once universidades públicas, las asociaciones municipales, representantes de los Gobiernos autónomos indígenas.
También participarán organismos internacionales como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) y la División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Celade/Cepal).
El comité cruceño que impulsa el censo en 2023 anunció que asistirá a la reunión, mientras que el gobernador de Santa Cruz, el opositor Luis Fernando Camacho, sostuvo que no participará y que no cree «en la voluntad del Gobierno» e instó a mantener la huelga indefinida.
Semanas atrás hubo un par de intentos fallidos de diálogo entre el Gobierno y los líderes cruceños.
La consulta nacional debía realizarse este noviembre, pero el Gobierno de Arce anunció en julio su aplazamiento a 2024 argumentando razones técnicas, lo que motivó la protesta sobre todo de Santa Cruz.
El jueves la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) junto a su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) llamaron al Estado a «tomar medidas para garantizar el derecho a la manifestación pacífica» y «fortalecer los procesos de diálogo para atender las causas de las manifestaciones».
A esto el Gobierno respondió que «saluda y comparte» las recomendaciones de la CIDH.
La Defensoría del Pueblo manifestó que hay «vulneración masiva» de derechos humanos en el conflicto en Santa Cruz.
EFE
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