El Gobierno de Bolivia ordenó este martes la movilización de contingentes militares y policiales en la región de Santa Cruz ante las amenazas de sectores campesinos de iniciar bloqueos carreteros en rechazo al retiro de la subvención del diésel. Las fuerzas combinadas fueron enviadas de forma preventiva al municipio de Yapacaní, ubicado a 131 kilómetros de la capital cruceña, con el objetivo de resguardar el libre tránsito en el corredor vial que conecta con el centro y occidente del país.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, precisó que la intervención busca evitar enfrentamientos y garantizar la movilidad territorial. El funcionario enfatizó que, si bien el estado de excepción vigente en el país permite las manifestaciones y concentraciones públicas, prohíbe taxativamente la instalación de bloqueos en las rutas nacionales y los atentados contra la infraestructura crítica.
Negociación con productores y tregua de 48 horas
A pesar de las movilizaciones registradas en Yapacaní, las fuerzas de seguridad lograron mantener la carretera principal totalmente expedita. En el marco de la contingencia, el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, sostuvo un encuentro con la dirigencia campesina local en el que acordó realizar gestiones institucionales durante un plazo de 48 horas para evaluar la abrogación de la norma cuestionada.
Durante las conversaciones, el representante gubernamental reconoció la necesidad de revisar los efectos del ajuste normativo, señalando que la medida no ha logrado erradicar las desviaciones hacia actividades ilícitas ni garantiza el abastecimiento oportuno a los pequeños productores. Por su parte, los dirigentes sociales advirtieron que, de no suspenderse el decreto, unificarán a las organizaciones de la zona para definir medidas de presión a nivel regional.
Impacto tarifario y alcance de las movilizaciones políticas
El conflicto responde a la promulgación del decreto del pasado 17 de agosto, el cual fija un precio referencial variable de 18 bolivianos (1,55 dólares) por litro de diésel para industrias y empresas catalogadas como «grandes consumidores». La normativa mantiene la tarifa subsidiada de 9,80 bolivianos (0,84 dólares) únicamente para el transporte público y pequeños usuarios con consumos inferiores a los 5.000 litros mensuales.
La medida genera un fuerte rechazo en el sector agroindustrial de Santa Cruz, cuyos representantes afirman que la medida penaliza la producción sin resolver las fallas distributivas de carburante que generan largas filas en las estaciones de servicio. Paralelamente, sectores afines al expresidente Evo Morales anunciaron encuentros en el Trópico de Cochabamba para articular protestas contra el Ejecutivo nacional en un contexto condicionado por el estado de excepción de 90 días decretado el pasado 20 de junio.
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