Fotografía fechada el 24 de abril de 2022 donde se observa un dibujo del presidente de Rusia, Vladimir Putin, con una señal de prohibido a modo de protesta en una calle de Leópolis (Ucrania). EFE/ Miguel Gutiérrez

Bruselas.- El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, puso de relieve este lunes que el presidente ruso, Vladímir Putin, puede ser arrestado “inmediatamente” en “más de 130 países” después de que la Corte Penal Internacional (CPI) haya emitido una orden de arresto al considerarlo responsable de crímenes de guerra en Ucrania.

“Es muy importante y cambia las reglas del juego”, recalcó Borrell ante la prensa a su llegada a un Consejo de ministros de Exteriores y Defensa de la UE.

El pasado viernes, la CPI emitió sendas órdenes de detención contra Putin y María Lvova-Belova, comisionada presidencial rusa para los Derechos del Niño, por haber deportado a menores ucranianos a Rusia.

“Han ocurrido dos cosas importantes con respecto a la guerra en Ucrania. La primera, el acuerdo del mar Negro (para la exportación de cereal ucraniano), es una buena noticia. La segunda, también importante, es la decisión de la Corte Penal Internacional con respecto al presidente Putin”, indicó Borrell.

El jefe de la diplomacia comunitaria apuntó que las autoridades rusas “están desestimando esta decisión de la CPI, diciendo que al final Rusia no ha firmado este tratado, pero veamos sus consecuencias prácticas”.

“Si el presidente Putin viaja a uno de los más de 130 países que han firmado este tratado internacional, debería ser detenido inmediatamente. Si viaja a uno de los miembros de este acuerdo internacional, debería ser detenido inmediatamente”, indicó.

Según Borrell, esto es “algo que hay que tener muy en cuenta, porque podemos negociar con quien queramos, pero esta decisión del tribunal sigue siendo válida. Está ahí. El presidente Putin debe ser detenido si viaja a más de 130 países”, apostilló.

La CPI emitió el viernes pasado una orden de detención contra Putin como «presunto responsable» de la deportación ilegal de niños y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania a Rusia, lo que se traduce en un crimen de guerra según el Estatuto de Roma, el tratado fundacional del tribunal, que han firmado 123 países.

Por su parte, el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, afirmó que “lo que España quiere es que los crímenes de guerra que se están cometiendo en estos momentos en Ucrania y que llevan más de un año cometiéndose, no queden impunes”.

Queremos la paz y la justicia en Ucrania y, para que haya justicia, no puede haber crímenes impunes, y aquéllos que los han cometido deberán responder de sus actos ante la Corte Penal Internacional, a cuyo fiscal general y cuya investigación, como conocen perfectamente, España apoya desde el principio”, puntualizó.

En opinión de su homóloga francesa, Catherine Colonna, el mensaje de la CPI es que “ningún responsable de la cadena de crímenes puede escapar a la justicia”.

El titular lituano, Gabrielius Landsbergis, consideró la decisión de ese tribunal, con sede en La Haya, un “paso adelante legal pero también moral”.

“Diré a mis colegas que no podemos detenernos aquí”, dijo, a la vez que defendió de nuevo más sanciones contra Rusia y, en concreto, a la corporación estatal de energía nuclear rusa, Rosatom.

“Nadie debería tener impunidad por los crímenes cometidos en Ucrania durante la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania”, dijo el ministro rumano, Bogdan Aurescu, quien apuntó que informaría al Consejo sobre la primera conferencia de alto nivel que organizará su país conjuntamente con Ucrania en Bucarest en abril sobre seguridad en el mar Negro.

“Será una ocasión muy importante para sacar lecciones de la guerra y ver lo que podemos hacer para tener una región más segura en el futuro”, indicó.