Caracas. La Comisión Especial para la Revolución Judicial de Venezuela, cuya creación anunció el presidente Nicolás Maduro, fue instalada este viernes por su presidente, el diputado y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, con el objetivo de convertir el sistema judicial del país «en un modelo para el mundo».
«En el día de hoy hemos instalado la comisión a nivel nacional», afirmó Cabello en una declaración a las puertas de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) en la que explicó que han «organizado el país en seis regiones con un coordinador» en cada una.
Maduro anunció el pasado lunes la creación de una comisión, presidida por Cabello, para hacer una «revolución judicial» en un lapso de 60 días.
«Anuncio la creación de una comisión especial para la conducción de la revolución judicial en todo el sistema de justicia venezolano presidida por el compañero Diosdado Cabello Rondón», indicó Maduro al encabezar un Consejo de Estado.
Al respecto, Cabello aseguró este viernes que Maduro convocó al Consejo de Estado y, desde esa institución, «es promovida y designada» la comisión «para actuar en todo el ámbito del sistema judicial y convertir el sistema judicial en un sistema judicial modelo para el país y para el mundo».
Explicó que en cada uno de los centros en los que trabajará la comisión estarán representadas «las instituciones que tienen algún tipo de responsabilidad» como el sistema de justicia, la Fiscalía, los ministerios de Prisiones e Interior, la Defensoría del Pueblo, la AN, los gobernadores regionales, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada).
«Desde ya comienza el despliegue a lo largo y ancho de toda Venezuela, el Consejo de Estado nos ha dado a nosotros 60 días para que, en 60 días, están desocupados estos centros de detención preventiva», indicó.
También le envió un mensaje a las personas que van a ser juzgadas o «tienen algún tipo de delito y están detenidos en estos centros».
A ellos les dijo que «en los próximos días recibirán» visitas porque están «obligados a visitar todos los centros temporales preventivos».
El pasado 12 de mayo, el Gobierno publicó en Gaceta Oficial un decreto en el que establece que las autoridades de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) debían «transferir al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario el ejercicio de las funciones de custodia de personas privadas de libertad, en el plazo de treinta (30) días».
La situación ocasionó el rechazo de la oposición pues señaló que esto implicaba el traslado de los «presos políticos» a cárceles comunes.
EFE noticias
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